Qué pasará con los chicos de 14 que cometan delitos: la advertencia de una jueza de Villa María

La jueza de Niñez de Villa María, Nerina Gamero, explicó cómo se aplicará en Córdoba la nueva Ley Penal Juvenil que bajó la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y advirtió que el encierro no será la respuesta automática. “Esto no quiere decir que por cualquier delito un adolescente de 14 años va a ser privado de su libertad”, aclaró.

La provincia adhirió a la ley nacional 27.801, que introduce varios cambios en el tratamiento de los menores en conflicto con la ley. Según detalló la magistrada, la normativa anterior solo investigaba a los punibles de 16 y 17 años por algunos tipos de delitos. Ahora, en cambio, la imputabilidad alcanza a todos los delitos desde los 14.

Otro de los puntos centrales es el tope de pena: ningún adolescente podrá recibir una condena superior a los 15 años de prisión. “Al igual que pasa con los adultos, hay delitos que no te envían directamente a prisión”, señaló Gamero, que está a cargo del Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil de Villa María.

Cómo será el proceso

Con la nueva ley, la investigación del delito queda en manos de los fiscales. “Se incrementa la tarea del Ministerio Público Fiscal”, indicó la jueza. El Juzgado de Niñez actúa como control para determinar la legalidad de las medidas que solicite el fiscal.

Para juzgar a los adolescentes se creó una Cámara de Niñez, Penal y Juvenil que ya tiene magistrados designados, pero todavía no funciona. “Hay creada una sola cámara específica para toda la provincia”, informó Gamero. Hasta que empiece a operar, el juzgamiento sigue en primera instancia.

Los menores de 18 años con medidas de privación de libertad no irán a cárceles comunes. En Córdoba, el Complejo Esperanza es el espacio previsto. “Entiendo que están haciendo algunas reformas”, dijo la jueza.

La pata que falta: alternativas fuera del encierro

Gamero insistió en que la ley apunta a la inserción social y no solo al castigo. “Le pedimos que estudie, que se capacite en un oficio y que tenga contención en algún lugar donde pueda hacer deportes. También solicitamos, en muchos casos, apoyo terapéutico”, explicó.

Sin embargo, reconoció que la comunidad no siempre está a la altura de esa exigencia. “En el sistema educativo, muchas veces no hay bancos y el sistema de salud mental está colapsado, por lo que es difícil conseguir turnos”, afirmó.

Los espacios recreativos también escasean. “En fútbol sí tenemos, pero no todos quieren hacer ese deporte. Hace dos días tuvimos una audiencia con un joven que quería hacer boxeo, y las operadoras estaban buscando sin encontrar, porque no es fácil que haya este tipo de espacios que sean gratuitos”, contó.

Para la jueza, el problema excede al Poder Judicial. “El problema de los jóvenes en conflicto con la ley penal debería ser un tema de la comunidad, no asumirlo con una forma expulsiva, porque tienen que saber que no van a estar encerrados todo el tiempo y por todo”, planteó.Y cerró con un pedido concreto: “Si realmente se quiere sacar a un adolescente de la calle, necesitamos ofrecerle trabajo, estudio. Eso excede el Poder Judicial, pasa por la comunidad, para que pueda ofrecerle actividades gratuitas de deporte y también que haya fundaciones que se inscriban para que puedan recibirlos en tareas comunitarias”.