¿Qué hay detrás del nuevo proyecto que busca frenar la violencia digital contra los menores?

Las diputadas provinciales de la UCR Romina Mota y Gisela Cuadrado dieron un paso clave al presentar el proyecto de Ley N.º 259/2026, con el que pretenden crear en La Pampa el Programa de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes frente a los Riesgos de la Inteligencia Artificial y Contenidos Digitales Sintéticos. La iniciativa busca blindar a los menores ante un escenario cada vez más hostil en el mundo virtual.

La propuesta no se queda solo en la prevención: contempla herramientas concretas para detectar, intervenir y acompañar a las víctimas de ciberacoso, hostigamiento y difusión no consentida de imágenes, entre otras agresiones que se potencian con la inteligencia artificial.

El peligro de los deepfakes

Uno de los ejes centrales del proyecto apunta directamente a los deepfakes y otros contenidos sintéticos, tecnologías que permiten manipular imágenes, videos y audios para imitar de forma realista la apariencia, la voz e incluso la identidad de una persona. Un riesgo que crece a la velocidad de la innovación.

“Las tecnologías ofrecen enormes oportunidades, pero también están generando nuevas formas de violencia. El Estado tiene que actuar antes de que el daño sea irreversible”, advirtieron las legisladoras, marcando la urgencia de la medida.

Educación digital y la Guía EMA

El programa incluye campañas de concientización y talleres para estudiantes, docentes, familias y personal educativo, con foco en derechos digitales, privacidad, consentimiento, identidad digital y uso responsable de las plataformas.

Además, se propone incorporar oficialmente la Guía EMA, una herramienta pensada para abordar la difusión no consentida de contenidos íntimos sexuales en ámbitos educativos, integrándola a los protocolos institucionales y a las acciones de capacitación.

Un canal de ayuda y protocolos claros

Otro pilar es la creación de un Canal Provincial de Atención, permanente, gratuito y accesible, para recibir consultas, denuncias y pedidos de orientación, garantizando confidencialidad y protección de datos.

También se establecen protocolos específicos de intervención ante casos de violencia digital, que incluyen contención, registro de casos, comunicación con familias y autoridades escolares, derivación a equipos especializados y seguimiento integral.

Para evitar la revictimización, las instituciones educativas deberán actuar según los protocolos, preservar la privacidad de las víctimas y dar inmediata intervención a las autoridades competentes cuando circule material íntimo.

Mota y Cuadrado consideran que la respuesta no puede limitarse al ámbito penal: hacen falta prevención, educación digital, capacitación, acompañamiento familiar y coordinación entre instituciones.

“Proteger a niñas, niños y adolescentes también significa garantizar que puedan desarrollarse en entornos digitales seguros, libres de violencia y respetuosos de su dignidad”, concluyeron.