¿Qué dijo Santa Cruz en el Congreso sobre la Ley de Semillas?
Jóvenes rurales de Santa Cruz expusieron en el Congreso sus inquietudes sobre la reforma de la Ley de Semillas. ¿Qué dijeron y por qué es clave para el futuro del campo?
Jóvenes dirigentes rurales de Santa Cruz llevaron su mirada al Congreso de la Nación en un debate clave sobre la reforma de la Ley de Semillas. La jornada, impulsada por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Fundación CRA y el Ateneo CRA, buscó federalizar la discusión y dar voz a las regiones productivas del país.
El encuentro reunió a senadores nacionales de distintas provincias para analizar el presente y el futuro de la legislación sobre semillas. El objetivo: construir una normativa moderna, equilibrada y que impulse el desarrollo productivo de la Argentina.
Desde CRA y el Ateneo CRA destacaron que estos espacios fortalecen el diálogo entre dirigentes, legisladores, especialistas y jóvenes productores, promoviendo una visión federal para diseñar políticas públicas que mejoren la competitividad y generen oportunidades para el interior.
La voz de la Patagonia
Los representantes del Ateneo de la Sociedad Rural de Río Gallegos participaron activamente y expresaron: “Tuvimos la oportunidad de transmitir la mirada y las inquietudes de nuestra región, aportando la realidad productiva de Santa Cruz a un debate de alcance nacional”.
Y remarcaron: “Los jóvenes tenemos la responsabilidad de involucrarnos, capacitarnos y participar activamente en las discusiones que marcarán el futuro del sector agropecuario. Construir una mejor legislación también es construir el futuro del campo argentino”.
Además, agradecieron a Francisco Milicevic, integrante de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural Río Gallegos, por “el acompañamiento en el análisis de la ley y las herramientas necesarias para llegar al Congreso con una postura sólida y fundamentada”.
¿Qué está en juego con la Ley de Semillas?
La actual Ley de Semillas (N° 20.247) está en pleno debate. El Gobierno impulsa una reforma profunda y la adhesión al tratado internacional UPOV 91 para proteger la propiedad intelectual de los desarrollos biotecnológicos, lo que ha generado fuertes tensiones entre empresas semilleras, productores y el Estado.
