“Que deje de perseguir peronistas y se ponga a laburar”: el durísimo cruce de un diputado puntano con Poggi por el lawfare

El Partido Justicialista de San Luis volvió a cargar con dureza contra el gobernador Claudio Poggi y denunció un supuesto uso de la Justicia para perseguir a dirigentes opositores. Esta vez, el planteo llegó a la Cámara Baja de la mano del diputado nacional Alberto “Pipi” Alí, quien acusó al mandatario de aplicar una estrategia de lawfare contra el peronismo provincial.

La denuncia cobra fuerza después de que la Justicia ordenara la prisión preventiva de la dirigente Anabela Lucero y otros exfuncionarios vinculados al Complejo Molino Fénix.

“Poggi es Milei”, disparó Alí durante su intervención, al sostener que el gobernador representa en San Luis las políticas del presidente Javier Milei. Además, lo acusó de intentar borrar parte de la historia política y del peronismo puntano.

El legislador también apuntó contra el uso de causas judiciales contra dirigentes de la oposición: “A todos los dirigentes de la oposición los manda a la Justicia”, afirmó.

El caso que encendió la mecha

Las declaraciones llegan después de una decisión judicial que generó una fuerte reacción dentro del PJ. El 25 de agosto, el partido emitió un documento en el que denunció una supuesta connivencia entre Poggi, organismos del Ministerio Público y decisiones judiciales que, según el espacio, terminarían siendo funcionales al poder político provincial.

El caso que desató el pronunciamiento está relacionado con la investigación conocida como “Molino Fénix”. Por esa causa, Anabela Lucero, su hermano Enzo Lucero y su cuñado Exequiel Scarel fueron trasladados al Servicio Penitenciario Provincial y quedaron bajo prisión preventiva durante 60 días.

Los tres están imputados por asociación ilícita, administración fraudulenta y ocultamiento y destrucción de evidencia. La investigación también alcanza a Diego Torres y a Joaquín Beltrán, esposo de Lucero y diputado provincial. La Justicia solicitó el desafuero de Beltrán para avanzar con una medida de restricción de su libertad.

El PJ cuestionó la decisión judicial y sostuvo que la prisión preventiva constituye un “ejercicio abusivo y desproporcionado del poder cautelar”. El partido señaló además que los detenidos no cuentan con antecedentes y tienen domicilio y familia en Villa Mercedes, por lo que consideró que no existirían riesgos suficientes de fuga o entorpecimiento de la investigación.

El reclamo de Alí

“Yo insto al gobernador que recapacite y que se ponga a laburar por la provincia de San Luis, que deje de perseguir peronistas, que se ponga a generar empleo, que le dé dignidad a la gente”, agregó Alí.

El diputado también vinculó las acusaciones de persecución con la situación económica y social de la provincia. Cuestionó la gestión de Poggi por la pérdida de empleos privados, la evolución de la morosidad, el deterioro salarial de los trabajadores estatales y los aumentos en las tarifas eléctricas.

En particular, sostuvo que San Luis acumula alrededor de 4.000 puestos de trabajo privados registrados menos desde el inicio de la gestión. También criticó al Gobierno provincial por la política habitacional: señaló que Poggi había prometido 10.000 viviendas y que hasta el momento se habría completado unas mil.