Pymes petroleras de La Pampa al borde del colapso: pidieron una solución urgente en la Legislatura
Nueve pymes petroleras pampeanas, con más de 200 empleados, alertaron sobre deudas y tarifas impagas. ¿Qué pasará con los puestos de trabajo y la producción en El Medanito?
La Comisión Especial que supervisa la transición en El Medanito recibió ayer a representantes de la Cámara Pampeana de Empresas de Servicios Petroleros (Capaespe). Las pymes advirtieron que están 'al borde de no poder seguir operando' y dejaron un petitorio en la Legislatura provincial.
Javier Zanni, uno de los empresarios presentes, explicó que las nueve firmas pampeanas nucleadas suman más de 200 empleados activos. "Vinimos a exponer sobre indemnizaciones, tarifas, proyección laboral. Todos estamos trabajando, algunos en stand by, negociando tarifas e indemnizaciones para personal con muchos años", detalló.
La reunión se realizó en la Sala de Comisiones de la Legislatura, con la presencia de los diputados Gisela Cuadrado (UCR), Noelia Sosa (Frejupa) y Lucas Lázaric (Pro). La comisión decidió enviar el petitorio al Poder Ejecutivo Provincial y convocar a Energía, Pampetrol y Ribeiro para que expongan su postura.
¿Qué reclaman las pymes?
Según Zanni, las empresas arrastran deudas atrasadas de un año y tarifas vencidas que hacen insostenible la operación. "Las tarifas actuales son muy bajas, los ingresos insuficientes y las exigencias regulatorias no se reflejan en la tarifa. Muchas empresas están al borde de no poder seguir operando; necesitamos una solución urgente para evitar el colapso", amplió.
La presidenta de la Comisión, Gisela Cuadrado, señaló que los empresarios hicieron "mucho hincapié en la deuda con PCR, las indemnizaciones" y reclamaron que "se deben actualizar las tarifas porque llevan más de nueve meses atrasadas".
Plan de trabajo de la comisión
La Comisión de Supervisión, creada por la Ley Nº 3639, tiene un plazo máximo e improrrogable de ocho meses para controlar los aspectos operativos, económicos y ambientales de la transición. Cuadrado afirmó que "es un paso relevante para garantizar el control institucional y la transparencia en el sector energético provincial".
Entre las tareas previstas se destacan el análisis de informes ejecutivos que el Poder Ejecutivo debe remitir mensualmente, el control operativo y económico de producción e inversión, y la supervisión ambiental del Informe Final y planes de saneamiento. Comunidad Organizada se negó a integrar la comisión.