Puso plata para su casa del Procrear, investigó la estafa por su cuenta y hoy no puede creer lo que pasa con la causa

Rafael Rebolledo y su pareja confiaron en Dharma Construcciones para levantar su vivienda con el crédito Procrear. Cuatro años después, la causa penal por presunta estafa sigue sin formulación de cargos y los acusados, según los denunciantes, ni siquiera fueron notificados.

En 2020, Rafael Rebolledo y su pareja se acercaron a la empresa Dharma para construir una vivienda con el crédito Procrear que les habían otorgado. Antes de firmar, hicieron lo que recomienda cualquier abogado: buscaron antecedentes de la constructora. "El resto de las empresas tenía casos negativos. Dharma no tenía ninguna causa negativa, ningún reclamo, ninguna pregunta negativa en ningún lugar", contó a LM Neuquén.

Firmaron el contrato para un dúplex de 112 metros cuadrados en un lote del Distrito 7 que les había entregado la Municipalidad de Neuquén. Pagaron el 70% de la obra, el monto que —según el contrato— debía disparar el inicio de la construcción. La empresa hizo la platea y el cerramiento, que Rebolledo pagó como un ítem aparte, pero ahí se frenó todo.

Una sentencia civil que no alcanza

"Entraron los reclamos y los reclamos, y nunca avanzaron. Eran esquivas, distintas excusas", relató. Cuando consultaron con un abogado, la respuesta fue esperar a que venciera el plazo contractual para poder intimar formalmente a la empresa. El día que se cumplió el plazo, mandaron la carta documento. Fueron, dice Rebolledo, de los pocos que llegaron a notificar a tiempo porque a la semana siguiente la empresa cerró el local. Corría el año 2022.

Rebolledo inició la demanda civil por cumplimiento de contrato. La Justicia le dio la razón y condenó a la constructora a terminar la obra en 120 días bajo apercibimiento de astreintes y fijó una indemnización de $9.000.000 en concepto de daño punitivo. Pero para Rebolledo el fallo es, en los hechos, papel mojado. "Tenemos sentencia, pero no sirve de nada porque este tipo no tiene nada a su nombre", dijo.

El contraste con la realidad económica agrava la sensación de injusticia: la obra que nunca se construyó vale hoy, según sus cálculos, unos 70 mil dólares, mientras el contrato original rondaba los $6.000.000 más una suma en dólares que se sumó por una ampliación acordada después. La sentencia, además, rechazó extender la responsabilidad en forma personal al dueño de la empresa por no encontrarse acreditado que hubiera usado la sociedad para eludir sus obligaciones —algo que, sostiene Rebolledo, explica por qué la condena resulta, en la práctica, incobrable.

Investigar por su cuenta: ¿qué pasa con la Fiscalía?

En paralelo al juicio civil avanza la causa penal, radicada contra el titular de la empresa y otra persona señalada como su socio, a quienes se apunta como responsables de haber armado, según los denunciantes, una maniobra que involucró a varios integrantes de una misma familia. "Es una red familiar", dijo Rebolledo, y mencionó específicamente a la suegra de uno de los acusados, con domicilio también en Córdoba.

El trabajo de reconstrucción del circuito del dinero recayó, en gran parte, sobre los propios damnificados y sus abogados. "Lo que le entregaron al fiscal parecía la causa hecha. Entregaron todo el camino del dinero, de qué cuenta a qué cuenta, toda la investigación", relató. Ese trabajo permitió ubicar a los acusados en un barrio privado de Córdoba, en un domicilio que no habían declarado ante la Justicia.

Hace unos cuatro meses, la Fiscalía había convocado a una audiencia de formulación de cargos. Pero una semana antes, les pidieron a los damnificados que completaran una planilla de Excel detallando cuenta por cuenta las transferencias realizadas, con los comprobantes que cada familia conservaba. Fue en ese contexto que Rebolledo hizo notar el contraste. "Acá no hay un tema político y parece que no les importa", dijo sobre la lentitud del expediente, pese a que el trabajo de investigación quedó, en los hechos, en manos de las víctimas.

A eso se sumó un cambio en la Fiscalía. El fiscal que llevaba la causa, Juan Narváez, fue trasladado a otra fiscalía, y la funcionaria que quedó a cargo del expediente todavía no lo revisó, según pudo saber Rebolledo al acercarse personalmente a consultar.

Los dueños de la constructora: una fuga sin obstáculos

Rebolledo también apuntó contra la falta de controles migratorios en el caso. Según su relato, uno de los acusados salió del país cruzando la frontera hacia Brasil en auto, junto a su familia, sin que nadie lo detuviera. "Raro el asunto, muy raro", dijo.

Del total de las 27 familias que —según su cuenta— resultaron afectadas por la empresa en distintas localidades, un grupo más acotado avanzó con la denuncia penal. Para Rebolledo, la expectativa ya no pasa por recuperar el dinero invertido. "La esperanza de la plata ya no la tenemos", reconoció. Lo que busca ahora es que la Fiscalía formule cargos, para que, desde lo económico, el Estado pueda perseguir el patrimonio de los acusados por otra vía. "No puede ser que alguien robe a 27 familias y no pase nada", cerró.