Puso $40 millones en un gimnasio, pero terminó denunciando a sus propios socios

Un conflicto societario que involucra a la segunda sede del gimnasio Megaforce de San Luis desembarcó en la Justicia. Carina Vanesa Lucero denunció penalmente a Darío Micarelli y Rocío Nieto, a quienes señala como sus socios en la apertura del local ubicado en San Martín 462, y reclama la devolución de los $40 millones que asegura haber aportado.

Según su relato, el dinero salió de ahorros personales y de la ayuda de familiares. La mujer sostiene que poco después de la inauguración comenzó a ser apartada de las decisiones, perdió acceso a las redes sociales del gimnasio y dejó de recibir información sobre ingresos, balances y movimientos económicos.

"Espero que la Justicia resuelva para que se me haga la devolución del dinero que yo aporté", expresó Lucero.

El origen de la sociedad

De acuerdo con su versión, conoció a Micarelli mientras entrenaba en la sede de Junín 756. Fue allí donde surgió la chance de invertir en la apertura de un segundo establecimiento.

Lucero manifestó que reunió $40 millones y que luego firmó en una escribanía un acuerdo con Rocío Nieto. Ese convenio, siempre según su relato, le otorgaba una participación del 50% en ganancias, pérdidas y decisiones vinculadas con el negocio.

La sede de calle San Martín comenzó a funcionar a principios de junio. La denunciante afirma que apenas unos días después empezó el conflicto: Micarelli le habría pedido que dejara de concurrir al establecimiento porque supuestamente habían llegado comentarios sobre ella y consideraba que su presencia no favorecía la imagen del gimnasio. Pese a ese planteo, según sostuvo, inicialmente le aseguraron que seguiría recibiendo la parte de las ganancias que le correspondía.

Lucero denunció además haber sufrido amenazas durante el conflicto. Afirmó que realizó una presentación judicial por ese episodio y que posteriormente se dispuso una restricción de acercamiento durante tres meses.

La sospecha sobre la recaudación

Otro de los puntos que la denunciante pidió investigar es el circuito utilizado para cobrar a los clientes. Lucero sostiene que detectó transferencias de personas que concurrían a la sede de San Martín realizadas hacia un alias que, según su versión, estaba vinculado con el gimnasio de calle Junín.

A partir de esos movimientos aseguró haber comenzado a sospechar de la existencia de una "caja paralela", hipótesis que incorporó a su presentación ante la Justicia. Esa acusación forma parte de su denuncia y hasta el momento no existe una resolución judicial pública que la tenga por comprobada.

También afirmó que no podía acceder a balances ni rendiciones que le permitieran conocer con precisión la situación económica de la sucursal. Y señaló que desde la otra parte la acusaron por la supuesta desaparición de $8 millones, una imputación que ella rechaza.

La respuesta de Megaforce

Frente a la exposición pública del conflicto, Megaforce publicó un comunicado en sus redes sociales. "Ante los hechos de público conocimiento, desde Megaforce queremos llevar tranquilidad a nuestros socios y comunidad", señaló la firma.

En el mismo mensaje informó que Vanesa Lucero fue desvinculada de la sociedad y sostuvo que el caso se encuentra actualmente en manos de la Justicia. La empresa anticipó que no responderá públicamente a las acusaciones mientras avance el proceso judicial.

El caso enfrenta así dos versiones sobre cómo terminó una relación comercial que, apenas cuatro meses atrás, era presentada públicamente como parte de la expansión del gimnasio en la capital puntana.

Será ahora la investigación judicial la que deberá determinar qué alcance tenía el acuerdo entre las partes, cómo se administraron los fondos aportados y la recaudación del establecimiento y si existieron o no las irregularidades denunciadas. Hasta entonces, las acusaciones formuladas por Lucero permanecen bajo investigación y no implican una determinación de responsabilidad penal de las personas denunciadas.