Pusieron plata para tener su casa, pero el Estado miraba para otro lado: lo que nadie controló

La Justicia de Neuquén dictó condenas firmes contra los dos responsables principales de una estafa que dejó a 66 familias de Neuquén capital y Centenario sin los lotes que habían pagado. El presidente de la Cooperativa 14 de Octubre fue condenado a tres años de prisión efectiva tras un acuerdo con la fiscalía, mientras que la secretaria de la organización recibió una pena de cinco años, en un juicio donde el propio tribunal cuestionó la diferencia entre ambas condenas por los mismos hechos. La fiscalía había pedido 12 años para ella y la querella, 14.

Las condenas cerraron la causa penal, pero dejaron abierta una pregunta incómoda: ¿quién debía controlar que una maniobra así nunca llegara a concretarse? El Estado que cedió las tierras y fijó precios diferenciales no suele dar demasiadas explicaciones.

El Foro de la Meseta y la barda de Centenario

En Neuquén capital, el negocio se montó sobre un proyecto que arrancó con la cesión de tierras municipales en la zona de la Meseta. Con esos terrenos se constituyó un fideicomiso en 2016 para un loteo con servicios en lo que hoy es el Barrio Balcón de la Ciudad. Más de 60 familias pusieron su dinero convencidas de que compraban lotes con agua, gas y cloacas. Los fondos debían llegar a la empresa constructora; en los hechos, no fue así.

El Foro de la Meseta, que coordinaba el proyecto junto a otras organizaciones, había sido denunciado en un primer momento por su propia coordinadora, Lorena Troncoso, a quien las víctimas señalaron por estar "al tanto de las irregularidades" sin actuar en consecuencia. Esa denuncia perdió impulso en el trámite judicial y no derivó en una imputación firme. La misma referente salió a explicar que el propio foro había hecho la denuncia.

En Centenario, el mecanismo fue distinto y más antiguo, en torno a la Cooperativa 14 de Octubre. El municipio había fijado en 2012 un valor de 150 pesos el metro cuadrado para que las cooperativas accedieran a tierras fiscales, cuando un lote equivalente en el mercado privado costaba entre 20 mil y 30 mil pesos.

Era el boom de las cooperativas, mutuales y sindicatos, que en pleno auge de los fondos que venían de Nación pensaron que la meseta iba a desarrollarse. Muchos cayeron en estafas que no se denunciaron y otros en privilegios por tener contactos para hacer los servicios. En el medio, la gente que pagó, en algunos casos fortunas. Lo mismo pasó en el Parque Industrial, donde muchos compraron a precio fiscal, hicieron cerramientos y vendieron.

El esquema preveía que la cooperativa comprara el suelo a bajo costo, lo revendiera a sus asociados con un margen moderado y destinara esa diferencia a financiar los servicios. En la práctica, en numerosos casos ese dinero nunca se tradujo en obras. La cooperativa involucrada en esta causa nunca terminó de pagarle al municipio lo adeudado y en 2017 las adjudicaciones quedaron sin efecto, dejando a los compradores sin terreno y sin respuestas.

El caso no es aislado. En 2012, más de 50 cooperativas se inscribieron en Centenario para acceder a tierras fiscales a precio subsidiado. Algunas contaron con el respaldo económico y organizativo para cumplir con los servicios. Otras iniciaron un proyecto que no pudieron sostener, no reintegraron el dinero recibido y terminaron denunciadas penalmente.

Años sin servicios y tierras caducadas

Hasta 2020, según la información oficial a la que accedió LM Neuquén, había 24 cooperativas que habían terminado de pagar los lotes, las mensuras y estaban habilitadas para tener las escrituras. Un proceso complejo que llevó casi ocho años y que, incluso hoy, no garantiza que todas tengan los servicios.

Esas 24 cooperativas habían cerrado trámites hasta 2019: El Castor Limitada; Cooptacen; Vientos del Neuquén Limitada; 127 Hectáreas La Sirena; Aguas del Sur; Epu-Pehuen; Los Caracoles; la Asociación Mutual del Personal del Ente Provincial de Energía del Neuquén; la Mutual del personal del BPN; el Centro de Empleados de Comercio (CEC); el Círculo Penitenciario de la Policía del Neuquén; La Ruca; la Cooperativa de empleados de Hot-Hed-Mahuad SRL y El Dante; la Mutual de la Policía del Neuquén; el SEJUN; el Satsaid; el Sindicato de Casinos; el Sitramune; la Mutual 3 de Diciembre Participar; Empleados de Global Hotel; Coneu; 25 de Junio; AMEJUN y 10 de Septiembre.

El Municipio de Centenario tuvo que caducar tierras por incumplimientos: la cooperativa Las Flores con 60 lotes (Dto. 123/2017), la Cooperativa 14 de Octubre con 260 lotes (Dto. 128/2017) y la cooperativa 7 de Abril con 36 lotes (Dto. 105/2016).

Del valor fiscal al inmobiliario

El valor de los terrenos de las cooperativas aumentó un 2233% en estos años. Las entidades los compraron a un valor fiscal de 15.000 pesos (cuando estaba a 50 pesos el metro cuadrado) y después los vendían a un precio un poco más alto, entre 20 y 30 mil pesos por esos años.

Ese contraste plantea una pregunta que excede el ámbito judicial: si fue el propio Estado el que cedió la tierra, fijó un valor diferencial y habilitó el circuito, ¿hasta qué punto puede desentenderse después del control sobre el uso que las cooperativas hacen del dinero de sus asociados?

El control que existe, y sus límites

Las cooperativas de vivienda no operan al margen de la ley. A nivel nacional, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) es la autoridad de aplicación. A nivel provincial, el organismo competente es la Inspección Provincial de Personas Jurídicas, dependiente del Ministerio de Gobierno, que actúa a través de su Dirección de contralor y fiscalización de cooperativas y mutuales. Es el organismo que autoriza la constitución de estas entidades, lleva su registro y revisa balances y actas.

Sin embargo, ese control es fundamentalmente formal. La Inspección verifica que la cooperativa exista legalmente, que sus libros estén en regla y que sus autoridades respondan los requerimientos, pero no audita en tiempo real qué hace la entidad con el dinero de sus asociados, ni cómo comercializa sus lotes, ni si cumple lo que promete.

Ese control sobre la mecánica comercial del negocio —el que eventualmente podría haber advertido la maniobra antes de que afectara a 66 familias— constituye, en los hechos, un vacío. Cuando además es el propio municipio el que entrega la tierra sobre la que luego se estructura el negocio, como ocurrió tanto en Neuquén como en Centenario, esa ausencia de control adquiere mayor relevancia.

Mientras la causa avanzaba, la Municipalidad de Neuquén debió intervenir para atender la situación de las víctimas. Con el daño ya consumado, firmó un convenio para otorgarles a las 66 familias un lote en los Distritos 3, 5 o 7. Fue el intendente Mariano Gaido quien solicitó al Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat que "acompañara y brindara alguna solución" a familias que, según señaló el presidente del organismo, Marco Zapata, "en algún momento habían soñado con tener un lote".

Justicia sí, control no

Existen condenas firmes y una reparación parcial para las víctimas de Neuquén capital y Centenario. Sin embargo, esto no resuelve el problema de fondo. Mientras el control sobre las cooperativas continúe limitado a lo formal y no alcance la mecánica comercial de estas entidades, no habrá garantías de que un esquema similar de captación de ahorros para el acceso a la vivienda no vuelva a derivar, con el correr de los años, en una nueva causa penal.