Punta Mogotes: el juez frenó todo y les dio un mes a Provincia y Municipio para que se pongan de acuerdo
El juez Simón Isacch suspendió los plazos judiciales y citó a las partes para el 4 de agosto. ¿Lograrán Provincia y Municipio poner fin a la pelea por el balneario?
La pulseada por el control de Punta Mogotes sumó un nuevo capítulo judicial. El juez Simón Isacch ordenó un cuarto intermedio hasta el 4 de agosto y congeló todos los plazos procesales, en un intento de que la Provincia y el Municipio de General Pueyrredón lleguen a un acuerdo por el futuro del complejo.
La audiencia se realizó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 1, donde ambas partes manifestaron su voluntad de negociar. El magistrado instó a avanzar en una conciliación que abarque tanto la demanda principal como una causa conexa que se tramita en conjunto. Así, el expediente quedó en suspenso hasta la próxima cita, fijada para el 4 de agosto a las 12.00.
¿Quiénes se sentaron en la mesa?
Del lado provincial participaron la subsecretaria de Turismo, María Soledad Martínez; la subsecretaria Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Producción, Noelia Fernández; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; y el jefe de Gabinete de esa área, Francisco Zannini. Por la comuna asistieron los apoderados Matilde Casado y Mauro Martinelli, mientras que la Administración Punta Mogotes (APM) estuvo representada por Gonzalo Raventos y Fernando Maraude, junto a sus asesores fiscales.
Un conflicto que se arrastra desde 2024
La disputa por el control del balneario comenzó en agosto de 2024, cuando el municipio reclamó recuperar la administración del complejo, que hoy gestiona APM –un ente con 70% de capital provincial y 30% municipal–. La Provincia rechazó el planteo y el caso terminó en la Justicia. En mayo de este año, el gobierno bonaerense anunció un plan para transferir el complejo al municipio, pero condicionado a la realización de obras de modernización mediante licitación pública. Sin embargo, la comuna rechazó la propuesta y presentó un amparo para frenar la licitación hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Con el cuarto intermedio, las partes tienen un mes para intentar cerrar un acuerdo que ponga fin a casi dos años de tirantez y defina el destino de uno de los paseos más emblemáticos de Mar del Plata.