Pullaro quiere tratar este jueves una ley de seguridad que ya suma advertencias de la Corte

La Legislatura de Santa Fe tiene fecha para debatir uno de los proyectos más sensibles del año. Este jueves 29, la Cámara de Diputados pondrá en tratamiento el plan de seguridad que envió el gobernador Maximiliano Pullaro, y en Rosario ya se escuchan voces que cuestionan su letra chica. La concejala Norma López sostuvo que la iniciativa avanza sobre garantías básicas y que una seguridad sin derechos no se sostiene en el tiempo.

El marco fue una charla debate en Casa Marechal titulada "Políticas de seguridad, derechos humanos y cuidados: tensiones en contextos de endurecimiento punitivo". Allí se reunieron referentes del Poder Judicial y del ámbito legislativo para analizar el impacto de las reformas que impulsa la Casa Gris.

Quiénes expusieron

La mesa la encabezaron la vicepresidenta del Concejo Municipal y directora del Observatorio de Violencias, Mercedes Pagnutti, junto a López. También participaron el fiscal federal a cargo de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Rosario, Adolfo Villate, y Marcelo Marasca, docente de la Facultad de Derecho de la UNR en la cátedra de Políticas Democráticas de Seguridad Ciudadana.

El eje del encuentro fue el proyecto "Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública", que el Poder Ejecutivo provincial mandó a la Legislatura. Sobre ese texto, la concejala apuntó: "La seguridad es un derecho, pero no se construye contra otros derechos; no hay seguridad duradera sin garantías".

Los cuatro puntos que más cuestionó

López enumeró los artículos que, a su criterio, chocan con la Constitución. El primero es la posibilidad de que la policía interrogue a personas imputadas sin que esté presente un abogado defensor de forma obligatoria. "Es inconstitucional, se mire como se lo mire", afirmó.

El segundo tiene que ver con los allanamientos y la prueba. La edila señaló que se autorizan procedimientos en determinados territorios sin orden judicial previa y que se convalidan pruebas obtenidas violando garantías si los funcionarios actuaron con supuesta buena fe. "Es inaceptable", dijo.

El tercer punto son las zonas de intervención especial. Según la concejala, la norma faculta al Ministerio a delimitar áreas en barrios populares donde la policía podrá restringir la circulación, hacer requisas y demorar hasta 48 horas a personas para pedirles acreditación de medios de vida y domicilio. Para López, eso configura "situaciones directas de violencia institucional" y equivale a "un verdadero estado de sitio".

El cuarto es el régimen de aislamiento. El proyecto prevé celda individual con apenas 30 minutos de patio por semana ante la sola "sospecha fundada" de instigación a un delito. "Es un verdadero estado de sitio en democracia", remarcó.

El dato del encierro y la advertencia de la Corte

Durante su exposición, López puso el foco en una cifra: desde que se implementó el sistema acusatorio en Santa Fe, la tasa de encierro se triplicó. Frente a eso, marcó una contradicción: profundizar el castigo, reducir la presencia de jueces y recortar el derecho a la defensa mientras los propios indicadores oficiales muestran una baja en los niveles de violencia.

La jornada también recuperó los señalamientos que integrantes de la Corte Suprema de Justicia provincial hicieron ante comisiones parlamentarias. Ministros como Daniel Erbetta advirtieron sobre los riesgos constitucionales de delegar en la fuerza policial facultades que requieren control judicial.

Con el tratamiento en el recinto a la vuelta de la esquina, los panelistas llamaron a la sociedad a informarse, participar y defender las garantías constitucionales como piso de la convivencia democrática. La referencia no fue casual: se cumplen 50 años del golpe cívico-militar de 1976.