Nueve artículos del Código Procesal Penal, seis leyes provinciales y dos ministros sentados dos horas en la Cámara baja: así llega el paquete de seguridad de Pullaro a la sesión de este jueves, con la interna oficialista todavía sin cerrar.
La Cámara de Diputados de Santa Fe se reúne este jueves desde las 10 para tratar el paquete de leyes de seguridad que impulsa Maximiliano Pullaro, pero el oficialismo llega sin dictamen y con la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe todavía sin cerrar. La sesión tiene tratamiento preferencial, aunque la firma del despacho quedó pendiente y se intentará destrabar en un plenario de comisiones convocado para la mañana, horas antes del recinto.
El miércoles no alcanzó. Radicales y socialistas mantienen diferencias sobre las reformas al Código Procesal Penal y eso impidió que las comisiones emitieran despacho. La discusión de fondo gira en torno a cuántas facultades nuevas se les conceden a las fuerzas de seguridad y cómo se redactan los artículos más sensibles del texto.
Dos horas de respaldo, cero acuerdos
Los ministros de Gobierno, Fabián Bastia, y de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, pasaron dos horas en la sala Miguel Lifschitz de la Cámara baja, reunidos con los diputados del interbloque oficialista. Al salir, ratificaron la redacción original que el Ejecutivo envió en mayo: «El Poder Ejecutivo vino a respaldar el mensaje enviado en mayo. Es lo que necesita el Poder Ejecutivo», señalaron.
El respaldo ministerial no alcanzó para unificar posiciones. Desde el socialismo hay reparos en avanzar con mayores atribuciones para la policía, mientras que el radicalismo ofrece alternativas de redacción. Para este jueves temprano está prevista una reunión previa a las convocatorias de comisiones.
El cronograma del jueves
A las 10 se reunirá un plenario de las comisiones de Seguridad, Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda para tratar dos de los mensajes: la creación del sistema provincial de intervención de los mercados ilícitos de dispositivos tecnológicos y la incorporación del artículo 21 bis a la ley N° 13014 de Servicio Público de la Defensa Penal. El Senado ya aprobó ambos temas, aunque sin el acompañamiento de la bancada justicialista.
Después volverá a reunirse el plenario de Seguridad y de Asuntos Constitucionales para intentar dictaminar sobre el proyecto «Herramientas para el Mejoramiento de la Seguridad Pública», el más resistido de los tres.
Qué toca el proyecto más resistido
Ese tercer mensaje modifica seis leyes vigentes en la provincia. Entre otras cosas, propone reformar nueve artículos del Código Procesal Penal. Los puntos más cuestionados por opositores y abogados son las redacciones sobre allanamientos sin autorización judicial, el cese del estado antijurídico y las medidas privativas de la libertad.
La propuesta también pide cambios en un artículo de la ley de Ejecución Penal, otro de la ley de Inteligencia, varios del sistema de recompensas y modificaciones en sendos artículos de la norma orgánica de la policía y del Código de Faltas.
Objeciones institucionales
Durante la ronda de consultas, la Corte Suprema provincial, el Ministerio Público de la Defensa, colegios de abogados y especialistas en derecho penal presentaron reparos. El ministro Daniel Erbetta advirtió que el proyecto contiene «una delegación de facultades a la policía e incluso de facultades jurisdiccionales a los propios fiscales que entran en conflicto con estas normas constitucionales y, en general, con los estándares internacionales».
La Defensora General, Estrella Moreno Robinson, también presentó un escrito con observaciones institucionales.
La respuesta de Pullaro
El gobernador contestó este miércoles con dureza a quienes tildan de inconstitucional el paquete. Tras un acto de ascensos del Servicio Penitenciario, fue tajante: «Que estudien la Constitución». Y agregó: «Yo no voy a mandar ninguna ley que sea inconstitucional».
Pullaro apuntó contra la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, a la que acusó de tener un solo objetivo: «defender a los delincuentes que hace tres años mandaban a matar, a extorsionar y les pagaban sus honorarios». Volvió a usar las expresiones «garantismo bobo» y «justicia ingenua», y sostuvo que «durante mucho tiempo se romantizó el delito en Santa Fe y en la República Argentina».
Respecto de las observaciones de la Corte Suprema provincial, minimizó las diferencias: «Se está planteando medir algunas garantías y lo vamos a hacer». Además, precisó que los homicidios bajaron de 344 a esta altura de 2023 a 128 en 2026, y consideró que se trata del registro más bajo del siglo.
