Prorrogan restricciones a cinco exfuncionarios mientras la jueza define si sigue en la causa

La jueza de Garantía Nº 4, Luciana Banó, renovó las medidas cautelares contra cinco exfuncionarios imputados por presuntas irregularidades en la gestión pública. La decisión se tomó en una audiencia donde también se debatió un planteo de incompetencia presentado por las defensas, que buscan que la causa vuelva al juez original.

¿Quiénes son los exfuncionarios alcanzados?

Las restricciones prorrogadas por 30 días afectan a Luciano Anastasi (ex ministro de Seguridad), Claudio Latini (ex ministro de Seguridad), Ernesto Alí (ex intendente de La Toma y actual diputado nacional), Jeremías Vivas (ex intendente de San Francisco del Monte de Oro) y Mario Canali (ex intendente de Cortaderas).

Las medidas incluyen la firma del libro de imputados y la inhibición general de bienes. La prohibición de salir de la provincia se mantuvo para la mayoría, excepto para Anastasi (ya había sido dejada sin efecto) y Alí (nunca se le impuso por su condición de diputado nacional).

El conflicto de competencia

La audiencia de este miércoles iba a tratar los pedidos de sobreseimiento, pero horas antes las defensas de Cristóbal Ibáñez, Alejandro Cordido, Nedo Gómez y Cecilia Cabello presentaron escritos para que Banó se declare incompetente. Argumentaron que la causa pertenecía originalmente al Juzgado de Garantía Nº 3, a cargo de Natalia Lazarte, quien se excusó por una relación de vecindad con uno de los imputados. Banó se opuso, pero el Tribunal de Impugnaciones consideró procedente la excusación y confirmó a Banó.

Ahora, las defensas sostienen que, al haber desaparecido la causal que originó la excusación y con el regreso del juez Marcos Flores Leyes, el expediente debería volver al «juez natural». Banó deberá resolver el planteo en un plazo de 48 horas.

El trasfondo de la causa

Los exfuncionarios fueron imputados en septiembre de 2025 por presuntas maniobras de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según la investigación, mientras Anastasi era ministro de Seguridad, firmó convenios con intendentes para refacciones en comisarías y cuarteles de bomberos. Los contratos, adjudicados de manera directa, establecían anticipos de hasta el 40%.

La fiscal sostuvo que los desembolsos superaron lo pactado sin que las obras comenzaran o finalizaran. Cuando Latini asumió como ministro, rescindió los contratos «de común acuerdo» por la crisis económica. Sin embargo, los informes técnicos confirmaron que los trabajos nunca se realizaron y los sitios permanecían abandonados. La Fiscalía calificó los hechos como un «modus operandi»: contratos, liberación de fondos millonarios y rescisión sin rendiciones ni ejecución de obras.

Banó también ordenó dejar sin efecto la prohibición de contratar que se había dictado en septiembre de 2025, en cumplimiento de una resolución del Tribunal de Impugnaciones.