Proponen un régimen para aliviar el sobreendeudamiento de trabajadores municipales: ¿cuáles son las condiciones?

El concejal Gustavo Aguirre presentó un proyecto de ordenanza para crear el “Régimen Excepcional y Transitorio de Alivio y Reordenamiento Financiero de las Familias y Trabajadores Municipales”, con el objetivo de frenar el sobreendeudamiento sistémico y romper la llamada “trampa de la deuda”.

Esa situación se da cuando el costo de refinanciar supera la capacidad real de pago del deudor, y el trabajador destina casi la totalidad de sus ingresos netos a cubrir intereses sin lograr reducir jamás el capital principal.

“Somos conscientes de que se trata de un problema de alcance nacional, que en la mayoría de los casos se da entre privados, pero tampoco queremos mirar para otro lado ni permanecer indiferentes ante esta grave situación”, señaló Aguirre. Y agregó: “Proponemos utilizar las herramientas locales disponibles para que una deuda impagable se transforme en una obligación sostenible, sin regalar dinero y sin poner en riesgo los fondos públicos”.

¿Cómo funcionaría?

Uno de los ejes centrales es el principio de esfuerzo compartido, en el cual las partes asumen compromisos para alcanzar una salida viable. El régimen tendrá una duración de 12 meses, prorrogable por única vez mediante una nueva ordenanza fundada.

Los fondos estarán identificados de forma contable y la Caja de Crédito Municipal deberá informar trimestralmente al Concejo Deliberante sobre las solicitudes, montos, tasas, reducción de cuotas, morosidad, recupero y recursos utilizados, garantizando la confidencialidad de los datos.

“La idea es brindar alivio a quien necesita ordenar sus deudas, aplicando reglas exigentes y quitas importantes para quienes pretendan cobrar, junto con controles estrictos para proteger el dinero de todos. Es una respuesta social, pero también institucionalmente responsable”, concluyó Aguirre.

¿Cómo se aplicaría?

La propuesta incluye una depuración previa de la deuda: la Caja acreditará y verificará el capital, los pagos, intereses, cargos, comisiones y gastos. Todo concepto improcedente, abusivo, dudoso o no acreditado quedará excluido del financiamiento.

Se exigirá una quita al acreedor: en el régimen formal, un mínimo del 20% sobre el saldo legítimo verificado; en el régimen con particulares, se eliminarán los intereses y accesorios pendientes, requiriéndose una quita mínima del 25% sobre el capital residual, sin tope máximo. Ese 25% funciona como piso, y el Directorio de la Caja podrá imponer una reducción mayor según los pagos previos, los intereses ya cobrados, la antigüedad de la deuda, las garantías y la documentación presentada.

El desembolso no se entregará al solicitante; se transferirá directamente al acreedor verificado o al expediente judicial correspondiente. El acreedor deberá aceptar el monto como pago total, único y definitivo, renunciar a saldos restantes, otorgar el libre deuda y devolver o inutilizar los pagarés o garantías existentes. Si no acepta las condiciones, la operación no se efectúa.

Quedarán excluidos los compradores o cesionarios de carteras morosas o incobrables, agencias de cobranza, gestores, fondos de inversión ni adquirentes de créditos. La medida solo alcanzará al acreedor originario que acredite fondos propios, origen lícito, transferencia bancaria trazable y ausencia de habitualidad profesional en el rubro.

La Caja Municipal no perderá dinero, ya que recuperará el crédito otorgado mediante cuotas compatibles con la capacidad real de pago del trabajador.