Proponen recortar un cuarto del gasto estatal en Tucumán y achicar ministerios: qué pasaría con los empleados

La Libertad Avanza presentó su plan de reforma del Estado en Tucumán: menos ministerios, trámites digitales y una reducción de aproximadamente el 25% del presupuesto provincial. El referente del espacio y licenciado en Economía, Nahuel Ríos, explicó que la iniciativa fue elaborada tras analizar el presupuesto, la asignación de recursos y las funciones de cada organismo.

La premisa, según sostuvo, no es tocar las áreas esenciales. La reducción se concentraría en la estructura administrativa y en actividades que, desde su mirada, están superpuestas o pueden reorganizarse.

“No es una cuestión de decir que se va a bajar por sí, sino que primero hay que hacer una reducción del gasto público”, planteó Ríos.

Para el espacio, antes de definir cuánto debe gastar el Estado hay que establecer qué servicios debe garantizar de manera prioritaria a los tucumanos. Seguridad, Justicia, educación, salud y la protección de la vida y la propiedad aparecen entre las funciones centrales. De acuerdo con el análisis de Ríos, esas áreas representan cerca de la mitad del presupuesto provincial.

“Lo que nosotros estamos planteando es como base un 50% del presupuesto”, aclaró, al señalar que la intención no sería desatender los servicios esenciales.

La discusión sobre el ajuste se concentraría en el otro segmento del gasto: las estructuras administrativas, los organismos, las áreas con funciones similares y los costos de funcionamiento del Estado. La propuesta libertaria vincula esa reorganización con una futura reducción de la presión impositiva sobre la actividad privada.

Menos ministerios y un posible Ministerio de Capital Humano

Uno de los cambios centrales sería la reducción de la cantidad de ministerios. Ríos tomó como referencia esquemas de administración más concentrados y propuso reunir áreas que hoy funcionan por separado en una misma estructura. Entre las alternativas mencionadas aparece un eventual Ministerio de Capital Humano que incluya educación, salud y asistencia social.

“Sería lógico que una sola persona, en este caso un ministro de Capital Humano, pueda pensar en términos de educación, pueda pensar en términos de salud y hasta incluso en términos de asistencia social”, expresó.

Según el economista, el actual diseño con numerosos ministerios puede generar disputas internas por recursos y decisiones aisladas. La idea sería reemplazar esa lógica por una planificación conjunta, que integre las necesidades de los ciudadanos antes que los intereses de cada repartición.

Ríos también cuestionó la separación de áreas como Economía, Producción e Infraestructura. Desde su perspectiva, la obra pública y las políticas productivas no deberían planificarse de forma desconectada, ya que la infraestructura resulta determinante para el desarrollo económico, el transporte de bienes y la llegada de inversiones.

Digitalización de trámites y límites entre Provincia y municipios

Otro de los ejes es la digitalización de todos los trámites estatales. La iniciativa apunta a que la relación entre el ciudadano y el Estado pueda resolverse desde un teléfono o una computadora, sin traslados innecesarios a oficinas públicas.

“No es concebible en algún punto que nosotros en el año 2026 tengamos que hacer algún tipo de trámite en cualquier nivel del Estado haciéndolo de forma presencial”, afirmó Ríos.

La digitalización alcanzaría a la administración provincial, los municipios y las comunas rurales. El referente reconoció que el proceso demandaría inversiones y una mejora de la conectividad, en especial en el interior tucumano. Sin embargo, consideró que permitiría agilizar procedimientos, bajar costos operativos, reducir el uso de documentación en papel y facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos.

La reforma también busca delimitar responsabilidades entre la Provincia y los municipios. El objetivo sería evitar que distintas áreas estatales destinen recursos a una misma tarea sin coordinación clara. Ríos utilizó como ejemplo la seguridad: ante determinadas falencias del sistema provincial, algunos municipios avanzaron con la creación de guardias propias. Desde su punto de vista, esa situación puede derivar en una duplicación de estructuras y gastos.

“Si nosotros empezamos a duplicar funciones, empezamos a agrandar el Estado como tal”, sostuvo.

La propuesta apunta a definir qué corresponde a la Provincia, qué deben asumir los municipios y en qué casos resulta necesario coordinar acciones.

Rebaja de impuestos, obra pública y el futuro de los empleados estatales

El recorte del gasto está ligado directamente a la propuesta tributaria. Ríos sostuvo que no sería posible bajar impuestos de manera sostenible sin modificar antes la estructura de gastos. En ese sentido, cuestionó el peso de Ingresos Brutos sobre empresas, comerciantes, profesionales y quienes producen en la provincia.

La intención es avanzar hacia un sistema impositivo más sencillo y con menor presión sobre quienes invierten, generan empleo o desarrollan actividades económicas. Según el referente libertario, Tucumán necesita aumentar la cantidad de empresas privadas y reducir los índices de desempleo y subempleo. Ríos estimó que alrededor de 100.000 personas se encontrarían en alguna de esas dos situaciones. En ese marco, planteó que la provincia debería fortalecer el sector de servicios y buscar consolidarse como un centro logístico para el norte argentino.

La reforma alcanza también a la obra pública. Ríos propuso que determinados proyectos puedan realizarse mediante inversión privada y tomó como referencia sistemas de concesiones utilizados en otros países, como Chile. La alternativa sería que una empresa financie, por ejemplo, la construcción de una ruta y luego recupere esa inversión a través del cobro de un peaje. No obstante, reconoció que existen obras que difícilmente resulten atractivas para el sector privado y que deberían continuar bajo responsabilidad estatal.

Entre ellas mencionó las obras destinadas a prevenir inundaciones. En ese punto, cuestionó que en Tucumán se hayan presupuestado partidas de infraestructura que finalmente no fueron ejecutadas. Según su planteo, el problema no se limitaría a la disponibilidad de recursos, sino también al nivel de ejecución de los fondos previstos.

Uno de los interrogantes que genera una reforma de este tipo está vinculado con los empleados públicos. Ríos buscó diferenciar a quienes desempeñan funciones esenciales de quienes integran estructuras administrativas que, según el espacio, podrían ser revisadas o reorganizadas.

“Empleado público es un policía, es un docente, es un médico que está dentro de los hospitales públicos”, señaló.

Para La Libertad Avanza, esos trabajadores forman parte de las áreas que el Estado debe garantizar y no serían el principal foco de la reducción propuesta. La discusión estaría puesta en los organismos, cargos y funciones administrativas que puedan reorganizarse sin afectar la prestación de servicios fundamentales.

El objetivo final, según Ríos, es que el ahorro derivado de la reforma permita bajar la presión impositiva, generar condiciones para la inversión privada y ampliar las oportunidades de empleo.

“Lo que queremos es un Estado razonable para lo que se plantea”, resumió.