Prometían terrenos en Villa Mercedes y ahora dos acusados irán a juicio: la Justicia pidió penas de hasta 20 años
La Justicia de Villa Mercedes elevó a juicio la causa por la presunta venta ilegal de terrenos en el barrio Familia Unida. La Fiscalía ya pidió penas de hasta 20 años, pero lo que se viene en el debate oral podría cambiar todo.
La Justicia de Villa Mercedes elevó a juicio oral la causa que investiga la presunta venta ilegal de terrenos en la zona del barrio Familia Unida. La Fiscalía pidió 20 años de prisión para la principal imputada y 7 años para el otro acusado. La decisión se tomó durante una audiencia de control de acusación en el Juzgado de Garantía N° 3 de la Segunda Circunscripción Judicial.
La jueza Natalia Pereyra Cardini admitió la prueba presentada por las partes y ordenó remitir el expediente a la Oficina Judicial para que se designe el tribunal que intervendrá en el debate. La acusación alcanza a Mayte Reyna del Portugal Escudero, imputada por 27 hechos de estafa reiterada en concurso real como coautora, y a Luciano Pizarro Quiliman, acusado como autor de cinco hechos de defraudación simple en concurso real.
Una defraudación millonaria y 16 manzanas en disputa
La investigación sostiene que Escudero habría celebrado convenios de cesión de derechos posesorios sobre terrenos que no le pertenecían y cuya posesión no podría acreditar. Los acuerdos habrían sido instrumentados con certificación de firmas ante una escribana. Los terrenos están en la zona del barrio Familia Unida y corresponden a unas 16 manzanas que, tras distintos procedimientos administrativos, fueron adquiridas por la Municipalidad de Villa Mercedes y cedidas al Gobierno de San Luis. Según la acusación, el Estado provincial sería el único habilitado para escriturarlos.
La Fiscalía planteó que las operaciones involucraron montos variables y pagos en cuotas, y calificó el perjuicio investigado como una defraudación de carácter millonario. Respecto de Pizarro Quiliman, el Ministerio Público sostuvo que habría recibido transferencias de dinero vinculadas con algunas de las operaciones, cuyos acuerdos eran firmados por Escudero o por otra persona que permanece con orden de detención y que tendría vínculo con el acusado. La acusación también mencionó actuaciones en el ámbito civil que podrían tener relación con la maniobra investigada.
Escudero sigue detenida
La elevación a juicio se produce después de que un tribunal revisara la situación de libertad de Escudero y ordenara su detención. En una audiencia anterior, el Juzgado de Garantía había dispuesto que la imputada continuara sometida al proceso con medidas menos gravosas: prohibición de salir de San Luis, obligación de presentarse cada 15 días y prohibición de mantener contacto con otras personas involucradas.
Esa decisión fue apelada por la Fiscalía y la Querella. El tribunal integrado por Marcelo Bustamante Marone, María Moserrath Bocca y Hernán Herrera consideró que persistían los riesgos procesales y dispuso la detención inmediata de Escudero y su traslado al Servicio Penitenciario Provincial. Entre los argumentos se mencionaron posibles riesgos de entorpecimiento de la investigación, actuaciones en el ámbito civil, cuestiones vinculadas con los domicilios informados y la complejidad de la causa.
Con la apertura a juicio, el expediente quedó a disposición del Colegio de Jueces, que deberá avanzar con la designación del tribunal y establecer la fecha del debate oral.