Prometía ganancias millonarias a sus colegas: el insólito final del penitenciario acusado de estafa
Un agente penitenciario les prometió a sus colegas inversiones con altas ganancias. Ellos le confiaron sus ahorros. Lo que pasó después terminó en los tribunales.
Alejandro "Tati" Jofré, un efectivo del Servicio Penitenciario Provincial, fue condenado este lunes a cuatro años de prisión efectiva por un megafraude que superó los $264 millones. La Justicia sanjuanina homologó un juicio abreviado en el que se lo encontró responsable de engañar a decenas de compañeros de trabajo con una falsa promesa de inversiones.
Según informaron fuentes judiciales, la investigación estuvo a cargo del fiscal Guillermo Heredia y la ayudante fiscal Gabriela Blanco. Determinaron que el uniformado convenció a numerosos colegas de entregarle sus ahorros, asegurándoles que los colocaría en mercados rentables y que obtendrían altos dividendos más una comisión por sus servicios financieros.
Sin embargo, los beneficios prometidos jamás se materializaron. Las víctimas perdieron el capital aportado y la maniobra quedó al descubierto. De acuerdo con el fallo dictado por el juez de garantías Matías Parrón, el hecho se encuadró en 53 hechos de defraudación por engaño bajo la figura de concurso real, con un perjuicio económico global superior a los 264 millones de pesos.
El destino del condenado
La sentencia dispuso que Jofré permanezca alojado temporalmente en la Comisaría Chimbas Sur durante diez días. Una vez que la condena quede firme y transcurrido ese plazo, será trasladado formalmente al mismo complejo carcelario donde prestaba servicios para cumplir su castigo.
Los familiares, sobreseídos
En la misma audiencia, la Justicia dictó el sobreseimiento total para otras tres personas que habían sido vinculadas a la causa como posibles partícipes necesarios: el padre del condenado, Américo Jofré; su hermana, Carla Jofré; y su expareja, Gabriela del Rocío González.
Los fiscales fundamentaron la decisión al señalar que no se reunieron elementos probatorios suficientes para acreditar la existencia de dolo. Al no poder demostrarse que conocieran el mecanismo fraudulento ni que colaboraran de forma voluntaria, quedaron totalmente apartados del proceso penal.
