Prometía casas del IPV en Lomas de Tafí: la falsa gestora suma nuevas denuncias y la fiscalía pide más tiempo
Una nueva denuncia y el análisis del celular de la acusada podrían destapar más víctimas de la estafa que prometía viviendas del IPV en Lomas de Tafí. ¿Qué encontraron los investigadores?
La causa contra la estafadora conocida como “Ruby” se complica: una nueva denuncia y el análisis de su teléfono podrían revelar más víctimas. La fiscalía investiga cuatro hechos de estafa por los que la imputada prometía viviendas del IPVDU a cambio de dinero, pero nunca cumplió.
La Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo del fiscal Diego Alejo López Ávila, solicitó una prórroga en la investigación debido a la complejidad del caso y la aparición de nuevas denuncias. Así lo informó la auxiliar de fiscal Emely Rafael durante una audiencia.
“El pedido se sustenta en la pluralidad de víctimas y de hechos que nos encontramos investigando. Hemos recibido una nueva denuncia enmarcada en el contexto de estafa. Debemos determinar si las conductas determinadas configuran un fraude en perjuicio de la administración pública y la complicidad penal que pudiera corresponder”, sostuvo la representante del Ministerio Público Fiscal.
¿Cómo operaba la falsa gestora del IPV?
Según la acusación, la mujer aseguraba tener influencias y contactos dentro del IPVDU y prometía gestionar la adjudicación de viviendas en el barrio Lomas de Tafí a cambio de importantes sumas de dinero.
El primer hecho ocurrió en octubre de 2022: la imputada convenció a una mujer de entregarle $2.500.000 para obtener una vivienda, pero nunca se la adjudicaron. A esa misma víctima le ofreció después una camioneta y un tractor que supuestamente provenían de procedimientos policiales y pertenecían a la Comuna de Delfín Gallo; por esos vehículos, la damnificada pagó $735.000, pero tampoco los recibió.
El tercer caso afectó a un matrimonio: la acusada les prometió una vivienda recuperada para familias vulnerables mediante contactos políticos y abogados que tramitaban expedientes ante el IPVDU. La pareja abonó $280.000 y se quedó sin casa. Finalmente, en noviembre de 2022, otra mujer entregó distintas sumas de dinero por la misma promesa de gestionar una vivienda en Lomas de Tafí, con el mismo resultado.
La fiscalía ahora aguarda el resultado del análisis del teléfono celular secuestrado a la imputada, con el objetivo de obtener evidencia digital que permita esclarecer los hechos e identificar posibles nuevas víctimas. Con la incorporación de una nueva denuncia, se busca determinar si existieron más maniobras fraudulentas y si hubo otras personas involucradas.
