Prohíben nuevos detenidos en tres comisarías del Conurbano: las condiciones que indignaron a la Justicia

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Quilmes ordenó el cierre de ingreso de detenidas en tres comisarías bonaerenses tras una inspección que reveló hacinamiento, falta de agua y riesgo de incendio. La medida alcanza a dependencias de Berazategui, Quilmes y Florencio Varela.

¿Qué descubrieron los jueces?

Los magistrados Fernando Celesia, Analía Reyes y María Cecilia Maffei hicieron lugar a un reclamo de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que actúa como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Tras monitorear varias comisarías de mujeres, el organismo denunció que personas permanecían alojadas por períodos prolongados en establecimientos ya clausurados.

En su fallo, el tribunal prohibió el ingreso de nuevas detenidas a la Comisaría 3° de Berazategui, la 6° de Quilmes-Ezpeleta y la 3° de Florencio Varela. Además, ordenó el traslado urgente de las mujeres allí alojadas a unidades penitenciarias o alcaldías, y notificó a las autoridades ministeriales y judiciales para que adopten más medidas.

Comisarías clausuradas y sobrepoblación

Según datos del Centro de Operaciones Policiales (COP) del Ministerio de Seguridad bonaerense, la Comisaría 3° de Berazategui ya tenía clausura judicial, y la 6° de Quilmes sumaba una clausura administrativa. En tanto, la 3° de Florencio Varela tiene cupo para 4 personas, pero al momento de la inspección alojaba a 7, un 75% de sobrepoblación.

La CPM denunció que en las tres dependencias se incumplen estándares básicos de derechos humanos en contexto de encierro, especialmente los relativos a género. El hacinamiento se combina con la presencia de materiales inflamables y la ausencia de planes de contingencia contra incendios.

Aislamiento extremo y requisas vejatorias

El organismo relevó un régimen de vida de aislamiento extremo: las detenidas pasan 24 horas en espacios reducidos, sin luz natural ni ventilación. La situación se agrava porque se limita severamente el contacto con familiares, allegados y defensores. La falta o deficiente asistencia médica también fue denunciada como un hecho de tortura y malos tratos.

En las entrevistas, las mujeres relataron requisas vejatorias por parte de la policía, tanto al ingresar como durante operativos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

El tribunal reconoció que muchas de estas condiciones —falta de agua en celdas, calefacción, ventilación, elementos de higiene y sanitarios en mal estado— fueron admitidas por los propios jefes de las comisarías durante las audiencias judiciales.