Procesaron a un exsocio de Menem por contratos en una obra social intervenida: qué encontró la Justicia

El juez federal Sebastián Casanello procesó a Sergio Aguirre, exsocio del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a dos exinterventores que el Gobierno designó en la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA). La causa investiga presuntos contratos irregulares.

El magistrado les imputó los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta, y les trabó un embargo de $1000 millones.

OSPRERA es la obra social de los trabajadores rurales y el Gobierno la tiene intervenida desde 2024, en medio de un conflicto con el gremio UATRE.

El contrato bajo la lupa

La investigación se centra en la contratación de HTECH, una empresa de Aguirre creada en abril de 2024. Según la causa, la firma no tenía antecedentes, empleados ni facturación previa antes de trabajar para la obra social.

HTECH le cobró a OSPRERA por servicios de consultoría informática, procesamiento de datos y desarrollo de software. Entre noviembre de 2024 y julio de 2025 recibió unos $266 millones.

Aguirre y Martín Menem fundaron juntos en 2018 la firma TR Nutrition SRL, dedicada a importar y vender suplementos dietarios.

Quiénes firmaron y quiénes declararon

El contrato con HTECH lo firmó Virginia Montero, la primera interventora de OSPRERA. Su sucesor, Marcelo Petroni, lo renovó y lo amplió. Ambos estaban entre los citados a indagatoria en la causa.

Además, la madre de Aguirre, María Casandra Mirabelli, era socia de HTECH y al mismo tiempo trabajaba como secretaria privada de Petroni.

En julio, Casanello había citado a indagatoria a los imputados y había embargado bienes por 920 millones de pesos, entre ellos vehículos de alta gama. En su declaración, Montero justificó la contratación de la empresa. Aguirre, por su parte, negó haber participado en el proceso que terminó con el contrato de su firma y cuestionó que se filtraran datos de la causa.

Qué resolvió la Cámara Federal

A comienzos de septiembre, la Sala II de la Cámara Federal porteña anuló parte de la investigación. Los camaristas invalidaron el allanamiento al domicilio de Montero, el secuestro de su teléfono y las pruebas obtenidas de ese aparato. También dejaron sin efecto los embargos sobre el patrimonio de los imputados.

Sin embargo, la causa general siguió en marcha a cargo de Casanello, con la intervención del fiscal Guillermo Marijuán.