Procesaron a los jefes de la empresa que maneja el aeropuerto de El Calafate: los embargos ya superan los $420 millones

La firma que administra las zonas francas de Río Gallegos y Caleta Olivia y la terminal aérea Comandante Armando Tola acumula una causa penal que tiene a cuatro de sus máximos directivos procesados por presunta defraudación contra la Administración de Parques Nacionales. El expediente, que también involucró a funcionarios del organismo, sigue sin sentencia definitiva.

El procesamiento alcanza a Eduardo Néstor “Teddy” Taratuty, presidente de London Supply, y a Víctor Hugo Argentino Bonnet, Horacio José Iriarte y Francisco Arturo Heredia Lafuente. Tres de ellos figuraban además en el directorio histórico de la concesionaria de las zonas francas santacruceñas; el cuarto participó en las gestiones del proyecto provincial.

La causa que los complica no se tramita en Santa Cruz sino en la Capital Federal: es el expediente CFP 9096/2017, radicado en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2, y gira en torno a la concesión de Puerto Pañuelo, en el Parque Nacional Nahuel Huapi, Río Negro.

Qué se investiga

La acusación buscó determinar si los representantes de la empresa postergaron inversiones comprometidas mientras seguían percibiendo ingresos por la explotación del puerto, con la intervención de funcionarios que debían controlar el contrato.

El 8 de abril de 2020, Taratuty, Bonnet, Iriarte y Heredia Lafuente fueron procesados como presuntos partícipes necesarios de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. En ese momento ocupaban, respectivamente, los cargos de presidente, vicepresidente, director titular y apoderado de London Supply S.A.C.I.F.I. La Cámara Federal confirmó los procesamientos el 10 de diciembre de 2020.

En la misma causa fueron procesados como presuntos coautores cinco integrantes de la conducción de Parques Nacionales: Héctor Mario Espina, María Cristina Armatta, Patricia Alejandra Gandini, Raúl Alberto Chiesa y Jorge Omar Bernard. Sus responsabilidades correspondían al organismo nacional concedente y no integraban el directorio de la empresa.

El dato de las obras y el alcance del fallo

La resolución de la Cámara recogió un relevamiento según el cual, nueve años después de la adjudicación, se había ejecutado el 43% de las obras previstas. Entre las carencias examinadas aparecían la calefacción del edificio principal y un depósito de combustible adecuado. Ese relevamiento describe las pruebas de aquel proceso, no el estado actual del puerto.

El fallo introdujo una precisión relevante: el procesamiento se apoyó en la ejecución del contrato y su control, y en esa instancia el juez no logró sostener la hipótesis de un direccionamiento de la licitación.

Una resolución posterior, del 12 de julio de 2022, permitió explicar el mecanismo que planteó la acusación: dilatar obras de infraestructura y otras obligaciones que exigían desembolsos —incluida la entrega de una embarcación nueva— para aumentar el beneficio de la explotación.

La defensa empresarial negó un acuerdo para defraudar al Estado. Sostuvo que se trataba de controversias administrativas, que hubo obstáculos atribuibles a Parques Nacionales y que se habían invertido fondos superiores a los pactados. Cuestionó el perjuicio y la individualización de las conductas. La Cámara mantuvo los procesamientos.

El vínculo con Santa Cruz

Heredia Lafuente es la conexión más directa con la provincia. En 2014 participó del proceso de zonas francas como gerente de Desarrollo de Nuevos Proyectos de London Supply Group, y Radio Nacional lo presentó en 2017 como adscripto al directorio de Riocal. Esa última denominación no permite equipararlo con un director societario.

En Puerto Pañuelo, la acusación reseñada por el tribunal le atribuyó la presentación de documentación técnica y del plan de ejecución de obras, además de la firma del acta de inicio del 27 de mayo de 2009.

Sus defensores sostuvieron que era un empleado apoderado que ejecutaba decisiones del directorio, que nunca integró ese órgano de London Supply y que la acusación no diferenciaba correctamente su actuación. El tribunal rechazó la nulidad pedida en julio de 2022 por considerar suficientemente precisada la imputación: resolvió la validez de la acusación, sin decidir su culpabilidad.

Embargos y garantías

Los embargos iniciales fueron de $160 millones en 2020. El tribunal los actualizó a $420.659.200 para Taratuty, Bonnet e Iriarte el 14 de junio de 2023, y fijó el mismo monto para Heredia Lafuente el 7 de septiembre de ese año.

Son valores históricos de medidas cautelares destinadas a garantizar eventuales consecuencias del proceso. No constituyen multas ni indemnizaciones definitivas, y no corresponde sumarlos como si representaran cuatro perjuicios independientes.

London Supply ofreció un inmueble propio, en el piso 26 de un edificio de la avenida Eduardo Madero, en Buenos Aires, para sustituir las inhibiciones generales de bienes de sus cuatro representantes. El fiscal Diego Sebastián Luciani objetó la concentración de garantías porque, a su criterio, reducía las posibilidades de cobro ante una eventual condena.

En febrero de 2022, los jueces Jorge Luciano Gorini y Javier Feliciano Ríos aceptaron la sustitución; Rodrigo Giménez Uriburu votó en disidencia. El documento distinguió a las personas procesadas de la sociedad, que no revestía allí la condición de imputada penal, aunque sus bienes también estaban alcanzados por medidas patrimoniales.

El informe de gestión 2025 del Ministerio Público Fiscal, publicado en 2026, incluyó el caso London Supply/Puerto Pañuelo entre los juicios complejos previstos para ese año. El relevamiento público no permitió confirmar la apertura posterior del debate ni localizar una sentencia definitiva al cierre de esta nota, el 23 de octubre de 2026.

Entre los actos judiciales consultados aparece una autorización de viaje de Taratuty del 17 de febrero de 2025. El tribunal destacó que conservaba su libertad y había respetado las condiciones de permisos anteriores. Ese antecedente no documenta una fuga ni un incumplimiento.

Quiénes conducen el grupo hoy

La conducción societaria publicada en 2026 sigue encabezada por Taratuty. Los avisos del Boletín Oficial del 1 de abril identifican el mismo directorio para London Supply Group, London Supply S.A.C.I.F.I. y Patagonia Shops.

Eduardo Néstor Taratuty, presidente, integra la nómina de los cuatro procesados por los hechos de Puerto Pañuelo. Miguel Ángel Castellano, vicepresidente, aparece en la documentación de Ciccone por el aporte de fondos y su declaración testimonial, pero no integra aquellos cuatro procesamientos ni la nómina de condenados de Ciccone de 2018. Gustavo Néstor Diorio, director titular, no aparece identificado como imputado en esos hechos por los documentos penales relevados.

El mismo aviso registró la aceptación de la renuncia de Horacio José Iriarte al directorio de London Supply Group, resuelta en enero de 2026. Los avisos de 2024 habían informado las salidas de Víctor Hugo Argentino Bonnet y Mariano Taratuty de ese directorio. Esos cambios no acreditan modificaciones equivalentes en todas las demás sociedades del grupo.

En Riocal, la publicación provincial de agosto de 2018 había identificado a Taratuty como presidente, Bonnet como vicepresidente e Iriarte como director titular. Es el directorio histórico documentado en ese aviso, cuyo mandato estaba previsto hasta la asamblea que tratara el ejercicio cerrado en 2020. No se obtuvo una publicación posterior suficiente para presentarlo como la composición vigente de 2026.

La estructura tiene su origen en la empresa fundada en 1942 por José Taratuty, nombre histórico que debe distinguirse de las autoridades actuales. Actos societarios de 2024 identifican a Eduardo Néstor Taratuty y Castellano Fiduciaria S.R.L. en el capital del holding, y a London Supply Group y Boup S.A. en Patagonia Shops. En Riocal aparecen London Supply Group y Searen S.A. en un acto de 2015 publicado en 2023. La condición de accionista no constituye una imputación.

Los otros nombres de la estructura

Aner Clark fue identificado como apoderado de Riocal y Patagonia Shops en el acuerdo de traslado de personal de marzo de 2024. Una comunicación del Ministerio de la Producción lo volvió a presentar como apoderado de Riocal durante una recorrida por Caleta Olivia en agosto de 2026.

Sergio Natali representó a London Supply en el acuerdo aeroportuario ratificado por el Decreto provincial 2000/2009. El Ministerio de la Producción lo identificó como gerente de la terminal de El Calafate en diciembre de 2023; esa fuente no alcanza para confirmar su permanencia en octubre de 2026.

Mariano Taratuty es exdirector de London Supply Group, con renuncia publicada en 2024. Lara Plaza fue presentada en comunicaciones corporativas como directora de Operaciones. María Taratuty aparece como directora de Sostenibilidad y Comunicación Estratégica y directora de la fundación del grupo.

Los expedientes penales examinados no identifican a Clark, Natali, Mariano Taratuty, Plaza o María Taratuty como imputados por los hechos aquí descriptos. Sus cargos empresariales, poderes o vínculos familiares no constituyen por sí mismos una imputación.

La comisión fiscalizadora histórica de Riocal también debe distinguirse del directorio. El aviso de 2018 nombró como síndicos titulares a Diego María Anderson, María Fernanda Aliaga y Santiago Ramón Rocca, y como suplentes a Roberto Claudio Moggia, Elena Silvero y Carlos Straface. Esa publicación acredita sus designaciones de entonces; las actuaciones penales relevadas no los individualizan como imputados por estos hechos.

El antecedente Ciccone

El otro antecedente de alto impacto es el aporte de London Supply en el caso Ciccone. El requerimiento de la Oficina Anticorrupción de 2016 reconstruyó que el 7 de septiembre de 2010 se transfirieron $1.800.000 desde la empresa a una cuenta judicial comercial, en el proceso de levantamiento de la quiebra de la imprenta.

La orden se atribuyó a Miguel Ángel Castellano, entonces director y accionista. El documento también registró la devolución: The Old Fund reintegró el dinero el 16 de septiembre y London Supply lo cobró el 29. El importe fue en pesos.

Las declaraciones testimoniales de Castellano y Bonnet, recogidas en los requerimientos, explicaron que Alejandro Paul Vandenbroele, presidente de The Old Fund, había acercado una propuesta para participar en el negocio. La versión empresarial fue que, después de advertir dificultades en la operación, recuperaron los fondos mediante un acuerdo de préstamo.

La Oficina Anticorrupción, entonces encabezada por Laura Alonso, interpretó que ese aporte transitorio había añadido complejidad a la operación y contribuido a ocultar a sus verdaderos promotores. Esa fue la postura de la acusación. El escrito aclaró, además, que la devolución no revestía significación penal.

La sentencia de agosto de 2018 condenó a Amado Boudou, José María Núñez Carmona, Alejandro Paul Vandenbroele, Nicolás Tadeo Ciccone, Rafael Resnick Brenner y César Guido Forcieri. Los representantes de London Supply mencionados en esta nota no integraron esa nómina de seis condenados. El vínculo financiero documentado tiene un alcance diferente de una responsabilidad penal declarada.

Otro documento incorpora al grupo a la producción de prueba de Cuadernos. El requerimiento fiscal de elevación a juicio parcial de 2019 registró un allanamiento a las oficinas administrativas de London Supply S.A.C.I.F.I. en Buenos Aires, dentro del inventario de evidencias. Ese procedimiento acredita una diligencia de investigación: por sí solo no demuestra que los directivos aquí nombrados hayan sido acusados o condenados en esa causa.

Otro antecedente vinculado a Ciccone corresponde a la información societaria en la Inspección General de Justicia. La agencia Noticias Argentinas informó el 12 de octubre de 2021 que una investigación por obstaculizar el acceso a datos de London Supply y otras firmas había tenido una elevación parcial a juicio respecto del exinspector Norberto Carlos Berner. En el tramo sobre presuntos nombramientos irregulares, la jueza María Servini sobreseyó a Julio Alak y otros funcionarios. Esa cobertura no identifica una condena contra London Supply y no permite establecer el desenlace integral de aquel proceso.

Reclamos y sanciones de Parques Nacionales

En el plano administrativo, Parques Nacionales dejó constancia de reclamos y sanciones. El acta del 28 de abril de 2021 aprobó intimar a London Supply a entregar documentación faltante y cronogramas en treinta días, y a completar obras dentro de los plazos establecidos.

El apercibimiento incluía la rescisión y acciones por daños y perjuicios, y preveía sanciones agravadas por la reiteración y gravedad de las faltas. El documento acredita aquella intimación; no demuestra que se concretara después la rescisión de toda la concesión.

El 6 de octubre de 2022, el Directorio aprobó aplicar a London Supply una multa de $1.350.000, equivalente entonces a quinientos derechos de acceso al Parque Nacional Nahuel Huapi.

En esa misma decisión ordenó determinar si el sobredragado de la zona de fondeo había generado impacto ambiental. También eximió a la empresa del dragado de otra zona para evitar mayor impacto y dispuso evaluar una obligación de inversión equivalente. No se obtuvo una conclusión ambiental definitiva ni constancias sobre la firmeza o el pago de aquella multa.

Hay una actualización contractual de 2026: la Resolución 253 de Parques Nacionales registró una adenda firmada el 10 de junio mediante la cual se restituyó el área Varadero al organismo y se sustituyeron obligaciones de la concesionaria. La norma no presenta esa devolución como una sanción ni como la terminación de toda la concesión de Puerto Pañuelo.

El antecedente de las zonas francas

Santa Cruz tiene un antecedente propio anterior a Riocal. La Resolución nacional 693/2001 revocó la adjudicación de zonas francas aprobada en 1996 a una unión de empresas integrada por London Supply, Parenazon Chile, Carlos Costa, Horacio Arena y El Tehuelche.

Aquella unión se había constituido en Zonas Francas Santa Cruz S.A. La resolución reseña una intimación provincial de 1997 y la decisión de la concesionaria de resolver el contrato y devolver tierras y obras ese mismo año. También recoge que la provincia consideró abandonada la concesión y la rescindió en 2001.

El documento sitúa el conflicto en un contexto de cambios nacionales en el régimen de venta minorista y de una demanda de Santa Cruz contra el Estado nacional. Corresponde a otro contrato y otra sociedad, anteriores a la adjudicación de 2015 y al funcionamiento actual de Riocal. Es un antecedente administrativo, no una condena penal.

Los cuestionamientos también llegaron al Congreso. En marzo de 2015, el entonces diputado Alberto Asseff presentó el proyecto 1163-D-2015 para solicitar antecedentes sobre las zonas francas de Santa Cruz y la transferencia accionaria del negocio de Paso de los Libres, Corrientes. Sus fundamentos mencionaron una denuncia del periodista Jacinto Alejandro Aguirre y actuaciones de la Oficina Anticorrupción.

El registro parlamentario acredita la presentación de ese proyecto. No permite afirmar que sus señalamientos hayan terminado en condenas, ni sustituye al expediente judicial original, cuyo desenlace no se pudo establecer en este relevamiento.

Puerto Iguazú y los aeropuertos

En Puerto Iguazú aparecen dos reclamos que deben leerse por separado. Según informó Primera Edición en febrero de 2025, Comercial San Nicolás S.R.L. promovió el expediente 11884/2023, ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 6, para cuestionar la constitucionalidad de los decretos que regulan beneficios tributarios de la zona franca.

El mismo medio informó una denuncia ante el Juzgado Federal de Eldorado contra el entonces jefe aduanero Eduardo Acevedo, por los controles del restaurante del Duty Free. El denunciado identificado en esa cobertura era el funcionario; no corresponde trasladar automáticamente esa condición a todos los directivos del grupo.

Estos puntos surgen de cobertura periodística identificada: no se recuperaron las presentaciones completas, las contestaciones ni una sentencia de fondo que permitiera afirmar evasión o una operatoria ilícita comprobada. Por su parte, la Resolución nacional 556/2024 había aprobado ocho años de prórroga desde febrero de 2030, recogiendo el cumplimiento informado por el Comité de Vigilancia.

Los aeropuertos aportan otro conjunto de actuaciones de control. Una auditoría de la AGN aprobada en 2012, reproducida en documentación del Congreso, examinó el período 2007-2010 e incluyó El Calafate, Ushuaia y Trelew. Señaló deficiencias documentales y de supervisión, con observaciones sobre protección contra incendios, planes de emergencia e informes de gestión.

El examen comprendió al ORSNA y a otras autoridades, además de la operación concesionada. La atribución de cada observación debe respetar ese alcance. No es un diagnóstico de seguridad aeroportuaria de 2026 ni una sentencia penal contra los directivos.

En Tierra del Fuego, un dictamen legal de 2023 y su análisis complementario de enero de 2024 pidieron profundizar la verificación de las obras y los costos propuestos en la readecuación del contrato de Ushuaia. Observaron que un informe contable había tomado como válidas estimaciones empresariales y reclamaron una evaluación técnica de su razonabilidad.

El análisis contempló alternativas jurídicas sujetas al resultado del control. No declaró por sí mismo la nulidad del contrato ni acreditó sobreprecios.

La Resolución 51/2026 del ORSNA volvió sobre la relación entre ingresos, costos y tarifas en Ushuaia. Frente a las proyecciones de London Supply, el regulador consideró razonable prever más pasajeros y mejores ingresos y remarcó la necesidad de controlar las erogaciones para evitar una carga excesiva sobre los usuarios.

El organismo aprobó el reajuste de la tasa de cabotaje a $18.126, aunque aclaró que eso no convalidaba todo el mecanismo de revisiones contractuales. Se trata de una discusión regulatoria documentada, con efectos sobre lo que pagan los pasajeros.