Probaron a la empleada dos meses antes de registrarla: lo que pagó la empresa los dejó en shock
La reforma estiró el período de prueba a seis meses, pero muchas pymes lo usan mal: registran después de probar. El inciso que casi nadie lee convierte ese despido "gratis" en una indemnización completa.
La reforma laboral estiró el período de prueba a seis meses y prometió bajar el costo de contratar. Pero hay un detalle que muchas pymes pasan por alto y que puede transformar un despido sin indemnización en una condena millonaria: el alta tiene que existir desde el primer día. Sin ese requisito, el período de prueba directamente no existe.
Desde julio de 2024, el plazo de prueba es de medio año, y los convenios pueden extenderlo a ocho meses en pymes y a doce en firmas de hasta cinco empleados. Fue una de las medidas centrales de la ley 27.742, y la ley 27.802 la mantuvo sin cambios. En teoría, permite evaluar a un trabajador y, si no rinde, despedirlo con quince días de preaviso y sin indemnización por antigüedad. El instrumento de flexibilidad más barato del sistema, sobre el papel.
En la práctica, los expedientes que llegan a los estudios jurídicos muestran otra cara: es una de las fuentes de contingencia más caras de 2026. Y la razón no está en la ley nueva, sino en un inciso de la vieja que casi nadie revisa.
La condición que sigue vigente
El artículo 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo establece, en su inciso 3, que el empleador debe registrar al trabajador que inicia la relación bajo período de prueba. Si no lo hace, se entiende de pleno derecho que renunció a ese período. No se trata de una multa —la reforma podría haberlas eliminado, como hizo con las de la ley 24.013—, sino de una consecuencia contractual: el período de prueba solo existe si la relación está registrada desde el día uno.
Basta un día sin alta para que el empleador deje de estar probando a alguien: pasa a tener un trabajador con contrato por tiempo indeterminado desde la fecha real de ingreso.
Sin embargo, la costumbre en las pymes va por otro lado. "Lo probamos dos semanas y, si anda, lo damos de alta". "Entra en febrero y lo registramos cuando cierre el mes". "Primero a prueba, después en blanco". Son frases que describen exactamente la conducta que el inciso 3 castiga. El problema estalla seis meses después, cuando la empresa, convencida de que sigue dentro del plazo, comunica la extinción "en los términos del art. 92 bis" y recibe un telegrama que le informa que el período de prueba nunca existió.
Un caso testigo: de 200 mil a varios millones
Un ejemplo con datos modificados ilustra el mecanismo. Una trabajadora ingresa el 15 de febrero, la registran el 7 de abril y la despiden el 17 de septiembre invocando el período de prueba, con una liquidación final de doscientos mil pesos. Contada desde el alta, la relación duró cinco meses y diez días: dentro de los seis. Contada desde el ingreso real, siete meses: fuera del plazo, y además con el período de prueba renunciado por la registración tardía.
La extinción se convierte en un despido sin causa, con indemnización por antigüedad, preaviso, integración del mes y proporcionales, calculados sobre la remuneración real. Si el recibo declaraba un número y el sueldo verdadero era otro, entra en juego la presunción del artículo 55 de la LCT contra el empleador que registró mal, y la cuenta se hace sobre lo que la trabajadora declara que cobraba.
Lo que iba a costar doscientos mil termina en una conciliación de varios millones, más honorarios y la denuncia ante ARCA por los aportes omitidos. Nada de esto fue derogado: las multas desaparecieron, pero la obligación de registrar desde el primer día sigue firme.
El abuso que la reforma también prohíbe
El artículo 92 bis suma otra restricción: prohíbe contratar al mismo trabajador más de una vez usando el período de prueba y califica como abusiva la conducta de probar sucesivamente a distintas personas para el mismo puesto. Las empresas que rotan personal cada cinco meses y medio para no consolidar antigüedad construyen, puesto por puesto, la prueba de ese abuso.
La Justicia del trabajo, que aplicará el artículo 55 de la ley 27.802 a los intereses porque la Corte se lo ordenó, no tiene ninguna instrucción de ser indulgente con el fraude a la registración.
Qué debe hacer la empresa
Tres medidas concretas. Primero, el alta temprana en ARCA antes de que el trabajador pise el lugar de trabajo, aunque el contrato sea a prueba y dure apenas dos semanas: el alta se da de baja con un clic, pero la relación no registrada no se borra nunca. Segundo, que la fecha de ingreso del recibo coincida con la fecha real; un recibo con fecha posterior es la confesión escrita de la registración tardía. Tercero, contar el plazo desde el día en que la persona empezó, no desde el alta, y con margen: el aviso de extinción debe estar notificado dentro de los seis meses, no enviado el último día.
Hay una advertencia adicional sobre la remuneración. Registrar a tiempo con un sueldo inferior al real no resuelve el problema, lo traslada: la base de cálculo de cualquier indemnización es la remuneración verdadera, y la diferencia se prueba con transferencias, mensajes y testigos. La reforma eliminó las sanciones por ese tipo de registración defectuosa, pero no eliminó el derecho del trabajador a cobrar sobre lo que realmente ganaba.
Flexibilidad con reglas
El período de prueba largo es una herramienta legítima y, bien usada, reduce el costo de contratar. El problema es que muchas empresas lo tomaron como un permiso para postergar la registración, que es lo contrario de lo que exige la norma. La ley 27.742 abarató la salida; no abarató la informalidad.
Quien quiera los seis meses tiene que pagar el precio de los seis meses: alta el primer día, sueldo real en el recibo y el reloj corriendo desde el ingreso real. Lo demás no es período de prueba. Es un despido sin causa con fecha diferida.