Privatización de rutas: constructoras mendocinas se quedan con tramos clave por 20 años

El Gobierno nacional oficializó la entrega de ocho corredores viales a manos privadas, y las empresas mendocinas Laugero y Cartellone emergen como grandes ganadoras en esta nueva etapa de concesiones.

La Resolución 1379/2026, publicada este lunes 24 de agosto en el Boletín Oficial, fue firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo. Con esta medida, se aprueba la segunda fase de la licitación pública que define quiénes administrarán los tramos estratégicos de la "Red Federal de Concesiones - Etapa III".

¿Qué implica esta concesión?

Los ganadores se harán cargo de la construcción, explotación, administración y mantenimiento de las rutas nacionales bajo el régimen de peaje. El contrato tendrá una vigencia de 20 años.

En total, los corredores adjudicados en esta ocasión suman más de 3.900 kilómetros. Con esto, se completa un universo superior a los 9.000 kilómetros cedidos al sector privado en las distintas etapas del proceso.

Las rutas concesionadas atraviesan once provincias: Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Misiones y Chaco.

Los consorcios ganadores y las tarifas

Estos son los ocho tramos y las empresas que los operarán:

- Tramo Cuyo: Laugero Construcciones SA - Green SA - Corporación del Sur SA, con una tarifa de $3.090,2462.

- Tramo Centro Norte: José Cartellone Construcciones Civiles SA, con una oferta de $2.175.

- Tramo Centro: Afema SA - Pablo Federico e Hijos SA - Guido Mogetta SA, por $1.399.

- Tramo Mesopotámico: IEB Construcciones SA - Trading MRG SAU, con $3.564,99.

- Tramo Noroeste: Autovía Construcciones y Servicios SA - Vapeu SRL - Guigivan SRL, por $2.285.

- Tramo Litoral: JCR S.A. - Nestor Julio Guerechet SA, con $2.876,04.

- Tramo Noreste: Carlos e Enriquez S.A. - Hormi SA, por $2.950.

- Tramo Chaco-Santa Fe: José Eleuterio Pitón SA - Rovial SA - Obring SA, con $3.520.

¿Por qué se privatizan los corredores viales?

Esta adjudicación se enmarca en la Ley de Bases, que declaró a Corredores Viales como "sujeta a privatización". Luego, el Decreto 97/2025 autorizó el procedimiento para su privatización total bajo la modalidad de concesión de obra pública.

El objetivo de estas concesiones no solo abarca el mantenimiento y reparación de las calzadas, sino también la ampliación de la infraestructura y la posibilidad de realizar explotaciones complementarias que generen ingresos adicionales.

Con esta modalidad, el Ejecutivo busca delegar en el sector privado la gestión de importantes nodos viales para intentar aplacar las crecientes quejas por el estado de las rutas, que presentan falta de mantenimiento y se vuelven inseguras para transitar.