Presupuesto 2027: el plan de obras que deja al Estado casi al margen y enciende la polémica

El Gobierno nacional fijó en el Presupuesto 2027 un listado de 67 obras públicas estratégicas para desarrollar en los próximos tres años, en el marco de una política de austeridad que seguirá marcando el ritmo incluso en año electoral. La apuesta oficial busca reimpulsar la actividad económica con una intervención mínima del Estado, bajo la consigna de "eficiencia y priorización del gasto" que rige desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

El impulso al sector privado se refuerza con un nuevo esquema de incentivos para los flamantes concesionarios de las rutas nacionales: el artículo 67 del proyecto propone reducir impuestos a quienes redoblen las mejoras o ampliaciones de los 9000 kilómetros de red vial recientemente adjudicados. El régimen incluye amortización acelerada de inversiones, reintegro o crédito fiscal de IVA y la posibilidad de computar el 100% del impuesto al cheque como pago a cuenta de otros tributos y contribuciones. Sin embargo, estos beneficios están condicionados a que las provincias involucradas otorguen exenciones de Ingresos Brutos y Sellos.

Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y Justicia (ACIJ) remarcó que el proyecto oficial "consolida el esquema de obra pública iniciado en 2024, basado en una reducción de la participación directa del Estado nacional, la transferencia de proyectos a provincias y municipios y una mayor participación del sector privado".

Según el mensaje del proyecto oficial, de las 2339 obras que estaban en proyecto o en marcha en diciembre de 2023, 1683 fueron dadas de baja o ingresaron en procesos de rescisión, 457 fueron transferidas o están en proceso de transferencia y solo 199 quedaron bajo gestión directa de Nación. En ese marco, ACIJ advirtió que para 2027 el nivel del gasto de capital asociado a infraestructura se ubica un 80% por debajo del de 2023, al pasar de $18,4 billones a $5,1 billones en 2024. "Aún con una leve recuperación respecto de 2026, el gasto en infraestructura se mantiene en niveles históricamente bajos", señaló el análisis.

Los proyectos más importantes del Presupuesto 2027

El costo total de las obras con impacto en ejercicios futuros ronda los $1,36 billones, aunque esos proyectos contemplan compromisos que se extenderán a 2028, 2029 y años posteriores. Estos son los principales proyectos que el Gobierno fijó desde 2027, según el monto asignado a devengar durante ese ejercicio fiscal:

• Mejora Integral del Ferrocarril General Roca (Ramal Constitución - La Plata): $125.942 millones (proyecto interprovincial financiado por el Tesoro nacional y el BID).
• Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río Santa Cruz: $82.143 millones (Provincia de Santa Cruz, con financiamiento de bancos chinos).
• Construcción Autopista Presidente Juan Domingo Perón: $63.766 millones (Provincia de Buenos Aires).
• Construcción del Complejo Federal de Condenados de Agote (Unidad 36): $39.247 millones (Provincia de Buenos Aires).
• Autopista Ruta Nacional 9/34 (Rosario de la Frontera – Límite Salta/Jujuy): $34.299 millones (Salta-Jujuy).
• Construcción del Acueducto Vipos: $25.113,2 millones (Tucumán, con crédito BID).
• Programa MAS - Etapa III (Corredores Urbanos en el AMBA): $24.328 millones (Provincia de Buenos Aires).
• Autopista Ruta Nacional 40 (Límite Mendoza/San Juan – RP 179 / Acceso Sur): $22.573 millones (San Juan, con crédito BID).
• Construcción de Muelle en la Base Antártica Conjunta PETREL: $20.181 millones (Territorio Antártico Argentino).
• Autovía Ruta Nacional 9 (Santiago del Estero Capital – Termas de Río Hondo): $18.097 millones (Santiago del Estero).
• Malla CREMA 405A (Ruta Provincial 13 – General Pinedo – Quimilí): $16.029,6 millones (Chaco-Santiago del Estero).
• Readecuación y Refuncionalización Integral de la Morgue Judicial (Etapa I): $9164,8 millones (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
• Acueducto y dos Plantas Potabilizadoras Quirós-Frías: $8.098,5 millones (Catamarca-Santiago del Estero, con crédito BID).

El informe de ACIJ también planteó que "parte del apoyo estatal a la infraestructura deja de adoptar la forma de gasto presupuestario directo y pasa a canalizarse mediante gastos tributarios asociados a la inversión privada".