Presupuesto 2027: el Chaco pierde $5 de cada $100 para inclusión social y el agua se queda sin obras
El senador Capitanich desmenuzó el Presupuesto 2027 y el impacto en el Chaco es demoledor: inclusión social cae 98,2%, el agua potable pierde obras y la obra pública queda entre las últimas del país. ¿Qué pasa con el puente Chaco-Corrientes?
El senador Jorge Capitanich desmenuzó el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 y el resultado es lapidario para la provincia: el gasto nacional localizado en el Chaco caería 19,9% por debajo de lo efectivamente gastado en 2023, mientras que diez de las once políticas nacionales que se pueden seguir en el territorio chaqueño muestran retrocesos.
“El proyecto no recompone el punto de partida del año 2023, ni en el país ni en el Chaco”, sentenció el senador en el informe que difundió, con foco en inversión, infraestructura, educación y asignaciones sociales.
El documento que el Poder Ejecutivo envió al Congreso el 15 de septiembre prevé un gasto de la Administración Nacional 26,7% más bajo que en 2023. En el Chaco, la inversión nacional por habitante es una de las más bajas del país y la recuperación chaqueña (+3,54%) queda por debajo del promedio de las jurisdicciones (+3,86%), en el puesto 16 de 24.
Las partidas que desaparecen
Los números del informe son contundentes. Las partidas de inclusión social localizadas en la provincia caen de $277.431 millones a $5.075 millones, medidas en pesos de 2027: una baja de 98,2%. La comparación es funcional, aclara el documento, porque los programas cambiaron de denominación entre un año y otro.
La infraestructura hidráulica y de saneamiento se derrumba 92,1%, lo que impide finalizar las obras programadas de acceso al agua potable. La infraestructura educativa cae 90,6%, los complementos previsionales 85,5% y Vialidad Nacional 71,4%.
Empleo y capacitación (−49,7%), educación superior (−45,3%) y políticas alimentarias (−43,2%) quedan cerca de la mitad del nivel de 2023. La única partida que crece es la de prestaciones previsionales (+9,8%), aunque el informe aclara que no mide la evolución del haber de cada jubilado.
El crédito autorizado tampoco se traduce en gasto: al 26 de septiembre de 2026, 42 actividades localizadas en el Chaco tenían $19.335 millones de crédito vigente y ejecución cero. Entre ellas, $12.506 millones para obras de transporte de energía eléctrica y $2.341 millones para fortalecer los sistemas provinciales de salud.
Obra pública: puesto 22 de 24
La inversión real directa para 2027 suma $11.612 millones, equivalentes a $10.280 por habitante, frente a $32.855 del conjunto de las 24 jurisdicciones. El Chaco queda 59,3% por debajo de la mediana provincial.
La Planilla N°12 asigna a la provincia $10.494 millones, el 1,00% del total localizado y el puesto 21 de 24. Ese monto incluye $3.169 millones de una actividad de mantenimiento de Vialidad de alcance nacional imputada por distrito, y $566 millones figuran bajo el nombre de la variante de Corrientes, el mismo importe que se asigna a la variante de paso de Resistencia: una divergencia que, según el informe, debe aclarar la Oficina Nacional de Presupuesto.
La autovía de la RN 11 en la travesía urbana de Resistencia aparece con apenas $7 millones. El puente Chaco-Corrientes, cuya ejecución fue abandonada tras la aprobación del Directorio del BID el 02/11/2023, no tiene partida prevista.
Los $161.272 millones de obra vial que circularon públicamente no son crédito de 2027: son el costo plurianual de la variante de Resistencia ($27.131 millones, con solo el 2,08% previsto para 2027) y la C.RE.MA. Malla 405A entre General Pinedo y Quimilí ($134.141 millones). Para 2027, ambas suman $16.595 millones.
El superávit que se consume solo
El informe también cuestiona el relato del superávit. El resultado financiero proyectado del Sector Público Nacional es de $3,30 billones, el 0,23% del PBI, y el de la Administración Nacional apenas el 0,02%. Un desvío de recaudación de 0,25 puntos del producto alcanza para consumirlo, en un año en que la recaudación cayó 3,8% real entre enero y agosto.
En contraste, la renuncia fiscal estimada por el propio proyecto suma $51,91 billones, el 3,67% del PBI: unas quince veces el superávit. De ese total, $16,04 billones corresponden a beneficios sectoriales, regionales o personales. El costo del RIGI no está cuantificado y la exención de Ganancias a magistrados y funcionarios judiciales crece 30,3% real en un año.
El gasto total de la Administración Nacional pasa de $275,71 billones devengados en 2023 a $202,10 billones proyectados para 2027. El gasto primario del Sector Público Nacional, que fue 19,5% del PBI en 2023, quedaría en 14,2% en 2027 y bajaría a 13,8% en 2029.
Menos transferencias, más discrecionalidad
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, las transferencias nacionales al Chaco cayeron 16,7% real entre 2023 y 2025, y las no automáticas 66,4%. En el primer semestre de 2026 siguieron bajando: −3,9% el total y −34,9% las no automáticas. Las automáticas cayeron lo mismo que en el país (−8,4%); la diferencia está en lo discrecional. El dato pesa: los recursos de origen nacional fueron el 70% de los ingresos provinciales en 2025.
El proyecto nombra al Chaco en dos planillas: un aval del Tesoro por hasta USD 120 millones para obras hídricas, de saneamiento y viales, y las dos obras plurianuales ya mencionadas. No fija montos para la provincia en otros instrumentos.
El artículo 60 prevé $503.325,9 millones para cajas previsionales provinciales no transferidas (80% del monto estimado del déficit previsional chaqueño para 2027), como el INSSSEP, pero deja en manos de la ANSES cuánto recibe cada una. Los Aportes del Tesoro Nacional y la refinanciación de deudas provinciales del artículo 62 tampoco tienen asignación específica para el Chaco.
Reformas permanentes en una ley anual
El articulado incluye reformas de fondo dentro de una ley que debería ser anual. El artículo 17 deroga la movilidad legal de las asignaciones familiares y la AUH sin regla que la reemplace. El 21 elimina el 0,65% sobre las importaciones que financia al INTA, el SENASA y el INTI. Los artículos 36 a 39 vuelven incompatible la pensión por invalidez con el empleo formal y dejan que cada financiador fije los aranceles de discapacidad, agudizando la emergencia del sector.
El informe también advierte sobre las universidades nacionales, que quedan 25,0% por debajo de 2023, con una brecha de unos $2,4 billones respecto de lo que exige la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. El Fondo de Compensación Salarial Docente, clave para las provincias con menor capacidad fiscal, cae 99,4%.
La Asignación Universal para Protección Social tuvo un aumento del 82,5% por encima de 2023, pero en el presupuesto 2027 perderá contra la inflación proyectada. Las jubilaciones mantienen el bono para haberes mínimos congelado en $70.000 y los complementos previsionales caen 60,8%.
Entre los recursos automáticos, la coparticipación sube 7,8% real en las proyecciones para 2027, hasta $104,03 billones: la primera recuperación tras tres años de caída. Lo que depende de la decisión de la Nación va en sentido contrario: las transferencias de capital a provincias caen 19,7% real frente a 2026 y las no automáticas quedan 82,8% por debajo de 2023.
La obra nacional localizada en las 24 jurisdicciones suma $1,05 billones, apenas el 1,01% de lo que reciben por regímenes automáticos, y cuatro distritos concentran el 57,0%. El programa «Otras Asistencias Financieras» reúne $7,68 billones sin criterios generales de asignación en el articulado, y los Aportes del Tesoro Nacional ($300.994 millones) tampoco tienen criterios de distribución propios.
La ejecución de 2026 anticipa el riesgo: a agosto, las transferencias discrecionales a provincias habían ejecutado el 32,5% de su crédito, frente al 67,4% del gasto total.
Lo que pide Capitanich
Para el senador, el debate parlamentario debe enfocarse en el severo ajuste del gasto social, en la derogación de reglas de actualización para asignaciones contributivas y no contributivas, en la discrecionalidad de los fondos librados a decisiones administrativas, en la distancia entre el crédito autorizado y la obra efectivamente ejecutada, y en la destrucción del financiamiento educativo, científico, tecnológico y para la discapacidad.
“Para nuestra provincia constituye un evidente perjuicio. No hay obras programadas salvo una garantía del tesoro para financiamiento con organismos multilaterales. No se prevé la construcción del puente Chaco-Corrientes que tantos años de trabajo ha costado. No resuelve las partidas esenciales para recomponer el ingreso de los trabajadores docentes. Tampoco resuelve el financiamiento de salud mediante el programa Remediar, Sumar y el cumplimiento del cronograma de vacunas”, enumeró.
“Tampoco asigna los recursos para las Rutas Nacionales ni mucho menos para la emergencia del ‘Súper Niño’. En fin, nada nuevo bajo el sol. Más ajustes interminables y menos certezas esperanzadoras”, cerró.
Fuentes: Proyecto de Ley INLEG-2026-90001755-APN-PTE y planillas anexas; Mensaje, Anexo al Mensaje y Anexo Estadístico del Presupuesto 2027; Presupuesto Abierto, corte 26/09/2026; Oficina de Presupuesto del Congreso; INDEC, Censo 2022.