Prestaron sus huellas para obtener DNI ajenos: seis condenados en San Juan

La Justicia de San Juan dictó sentencia contra seis personas que utilizaron sus propias huellas y datos biométricos para tramitar documentos de identidad a nombre de terceros. La maniobra, que quedó en tentativa, fue descubierta por los controles del RENAPER.

Los acusados fueron hallados culpables del delito de falsedad ideológica agravada en grado de tentativa. Las penas, en su mayoría condicionales, incluyen multas económicas.

¿Qué penas recibieron los condenados?

Dayana Belén José, Dayana Sol Castro Cajal, Flavia de las Mercedes Vargas y Lucas Alfonso González fueron condenados a 1 año y 8 meses de prisión condicional y al pago de una multa de $20.000 cada uno. Al ser penas condicionales, no irán a la cárcel siempre que cumplan las reglas de conducta fijadas por la Justicia.

Analía Edith Rosales, por su parte, recibió una condena más severa: 2 años y 2 meses de prisión condicional y una multa de $25.000, ya que se determinó su participación en dos hechos.

El caso de Carlos Fabián Prato fue distinto. El hombre ya tenía una condena previa por infracción a la Ley de Estupefacientes, por lo que el juez unificó ambas penas y le impuso una condena única de 3 años y 10 meses de prisión efectiva.

¿Cómo operaba la maniobra?

Según la investigación, los acusados se presentaron personalmente en el Registro Civil de Pocito para iniciar los trámites. Allí aportaron sus huellas y otros datos biométricos, pero las solicitudes se confeccionaron con nombres y datos de otras personas.

El plan no llegó a completarse porque el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) detectó inconsistencias antes de que los documentos fueran emitidos. Por eso, los hechos se consideraron en grado de tentativa.

Durante el juicio, las defensas alegaron que los acusados no sabían que participaban en una operación ilegal. Sin embargo, el magistrado descartó esta postura al analizar las pruebas del expediente.

Entre los elementos considerados, se tuvo en cuenta que los involucrados recibieron comprobantes de los trámites con nombres y números de DNI que no les correspondían. También se analizaron los domicilios declarados, algunos de los cuales resultaron inexistentes o de difícil ubicación.

El juez también señaló que los controles del RENAPER no hacían imposible la falsificación, ya que la investigación determinó que otras operaciones de la misma estructura lograron superar los controles.

La causa abarcó 23 casos, con denuncias del propio RENAPER, allanamientos y otras medidas judiciales.