Préstamos con intereses del 100% mensual y amenazas: el negocio que el Congreso quiere frenar

Un negocio que crece al amparo de las redes sociales y la desesperación económica. Prestamistas informales que cobran tasas de hasta el 100% mensual y operan sin ningún tipo de control. Ahora, un proyecto de ley busca ponerle límites y tipificar como delito la usura territorial.

El fenómeno ya no es un secreto a voces en los barrios del conurbano bonaerense. Videos en TikTok e Instagram muestran acuerdos de préstamo con intereses que triplican cualquier crédito formal. Un drama que el Gobierno no reconoce en las cifras oficiales, pero que se expande por la informalidad laboral y la falta de acceso al sistema bancario.

¿Cómo funciona el negocio de los prestamistas?

Lejos de esconderse, muchos prestamistas se promocionan como si fueran influencers. Publican recomendaciones, comparten experiencias y hasta debaten sobre las tasas más rentables. Se describen a sí mismos como emprendedores, aunque reconocen que la tarea es agotadora.

Los montos no suelen ser altos, en muchos casos no superan los $10.000. Pero las condiciones son extremas: intereses que rondan el 100% mensual, plazos de pago que van de un día a un mes y una exigencia de garantías que puede incluir desde recibos de sueldo hasta la entrega de bienes.

¿Qué pasa con los deudores?

Detrás de cada publicación hay cientos de comentarios de personas desesperadas por conseguir financiamiento. Muchos no tienen recibo de sueldo o figuran en el Veraz, por lo que el sistema formal les cierra las puertas. Ante esa situación, el prestamista aparece como la única salida.

Pero esa salida tiene un costo que va más allá de lo económico. Las amenazas son moneda corriente: desde llevarse a los hijos en concepto de pago hasta aprietes domiciliarios filmados. Una presión que se ejerce con total impunidad, amparada en el conocimiento que el prestamista tiene de la vida de sus deudores.

El proyecto de ley que busca frenar la usura

En este contexto, el diputado Juan Carlos Molina, de Unión por la Patria, presentó un proyecto de ley junto a otros legisladores del bloque. La iniciativa propone tipificar como delito la explotación crediticia informal en sectores vulnerables, con penas de dos a seis años de prisión para quienes otorguen préstamos habituales fuera del sistema regulado aprovechando la vulnerabilidad socioeconómica de los deudores.

Las penas se elevan a tres y ocho años si existen amenazas, coacciones o el prestamista ejerce una ascendencia comunitaria que genere temor. Además, el proyecto establece un criterio objetivo para determinar la desproporción: la tasa debe superar en más de tres veces la tasa activa promedio del Banco Central para créditos personales no bancarios.

La iniciativa también contempla políticas de inclusión financiera para quienes quedan afuera del sistema formal. El objetivo es sancionar la explotación, pero también reducir las condiciones que la hacen posible.