Preso en una comisaría de Junín: la Justicia le negó la domiciliaria y la Defensa estalló

La Defensa Pública de Neuquén volvió a apuntar contra el sistema penitenciario provincial después de que el Tribunal de Impugnación rechazara un pedido para que un condenado que cumple pena en la Comisaría 25 de Junín de los Andes pueda hacerlo bajo prisión domiciliaria. La resolución se conoció en los últimos días y generó un fuerte malestar en los representantes del Ministerio Público de la Defensa.

El hombre está alojado en esa dependencia policial desde 2023. La defensora de Circunscripción María Sol Valero y el funcionario Federico González Vital, de la Unidad Operativa de la Circunscripción de Los Lagos del Sur, llevaron el caso ante la Justicia con un planteo concreto: que la pena se cumpla en un domicilio con monitoreo electrónico, prohibición de acercamiento y contacto con la víctima, además de otras reglas de conducta.

El pedido tenía carácter transitorio. La intención era que se aplicara hasta que el Estado garantice un lugar de detención que reúna las condiciones previstas por la legislación y la Constitución.

Qué encontraron en la comisaría

Durante las audiencias declararon el jefe de la dependencia, una asistente social y un representante del Comité Provincial contra la Tortura. Sus testimonios sirvieron para describir cómo se cumple hoy la condena en ese lugar.

La capacidad real de la comisaría es para tres personas. Cuando se realizó la audiencia ante el juez de ejecución había seis alojadas.

Desde la Defensa detallaron las condiciones edilicias: “Además, en el lugar conviven personas condenadas, procesadas y contraventoras. Se registraron humedad en paredes y suelo, falta de luz natural y una única letrina sin inodoro”.

Las visitas se hacen en un patio sin techo y deben suspenderse cuando el clima no lo permite. También hay una disposición interna que impide el ingreso de menores de edad.

González Vital remarcó que el propio jefe de la dependencia admitió que los parámetros de la legislación de ejecución penal no se cumplen en su totalidad. Y agregó: “Tanto el juez de ejecución como el Tribunal de Revisión reconocieron que la Comisaría 25 no es un lugar adecuado ni habilitado para ejecutar una pena”.

El argumento que rechazó el Tribunal

El Tribunal de Impugnación confirmó por unanimidad las decisiones anteriores y rechazó el planteo. Sostuvo que las resoluciones no fueron arbitrarias ni irrazonables y que la prisión domiciliaria debe ajustarse a los supuestos que fija la legislación.

Para González Vital, la negativa se apoyó en los casos previstos para la domiciliaria –enfermedad, edad avanzada o maternidad– cuando el argumento central era otro: “la necesidad de evitar que una persona condenada continúe cumpliendo la pena en un lugar que no está habilitado para ese fin y que presenta condiciones deficientes”.

El funcionario también cuestionó que, aun reconociendo esas condiciones, la respuesta se limitara al envío de oficios a distintas autoridades. Pasaron más de tres años y ocho meses y el traslado a una unidad de detención adecuada nunca se concretó.

La Defensa había invocado normas provinciales, nacionales e internacionales sobre condiciones de detención, entre ellas la Constitución Nacional, la Constitución de Neuquén, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las Reglas Mandela.

El domicilio propuesto fue constatado como adecuado por una asistente social y el organismo provincial de tecnologías de la información certificó que el monitoreo electrónico podía implementarse allí.

Qué dice la Justicia y qué reclama la Defensa

Los jueces señalaron que la situación de las cárceles y comisarías es conocida y que no minimizan las deficiencias. Pero entendieron que la solución debe buscarse con las herramientas que prevé la normativa, como las audiencias de ejecución o el hábeas corpus urgente, mediante las cuales se pueden fijar plazos para corregir las condiciones deficientes.

La Defensa dejó planteada la reserva del caso federal y analiza recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén. Su postura quedó resumida en una frase: “No queremos la impunidad, queremos que cumpla su condena en condiciones dignas”.