Presentó un título y atendía a niños en Los Altos: qué descubrieron sobre él

El fiscal de Instrucción N°6, Facundo Barros Jorrat, con intervención de la Secretaría Especializada en Delitos contra la Administración Pública, cerró la investigación penal preparatoria y pidió que Matías Ezequiel Ruiz Díaz vaya a juicio acusado de "defraudación a la Administración Pública" y "ejercicio ilegal de la profesión continuado", en concurso real y en calidad de autor.

La causa arrancó con una denuncia del Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Profesionales de la Psicología de Catamarca, con patrocinio letrado. Todo se originó cuando una profesional de Los Altos escuchó a una mujer preocupada: una persona que se presentaba como psicólogo estaba atendiendo a niños y trabajando para la Municipalidad. El Colegio hizo averiguaciones preliminares y juntó elementos que consideró podían tener relevancia penal.

Con la denuncia en mano, la Fiscalía inició la pesquisa y ordenó medidas para determinar, en primer lugar, si la condición profesional que invocaba el imputado tenía respaldo oficial.

La prueba que complica al imputado

Para fundamentar el pedido de elevación a juicio, la Fiscalía reunió y analizó 68 elementos de prueba de fuentes oficiales, documentales, testimoniales y digitales.

Se pidieron informes al Registro Público de Graduados Universitarios, a la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano de la Nación y al Colegio de Profesionales de la Psicología de Catamarca.

También se incorporó documentación enviada por la Municipalidad de Los Altos: el expediente administrativo de contratación, decretos municipales, el contrato de locación de servicios y su adenda, facturas, órdenes de pago, comprobantes de retenciones impositivas y constancias de transferencias bancarias.

Además, se recibieron 26 declaraciones testimoniales, incluidas las de personas que habrían sido atendidas por el imputado, entre otras medidas. La investigación incluyó una inspección ocular, registros fotográficos y el análisis del soporte digital acompañado con la denuncia.

Los registros nacionales consultados informaron que no existía ningún título universitario a nombre de Ruiz Díaz. El Colegio de Profesionales de la Psicología de Catamarca, por su parte, comunicó que el imputado no había presentado la documentación necesaria para iniciar el trámite de matriculación en la provincia.

Para la Fiscalía, la presentación de documentación académica presuntamente apócrifa habría sido el medio utilizado para engañar a la Administración Pública municipal. El requerimiento sostiene que, sin la acreditación de esa supuesta condición profesional, la contratación y las disposiciones patrimoniales no se habrían producido.

De este modo, la maniobra habría ocasionado un perjuicio a la Administración Pública municipal por un monto total de $840.000, correspondiente a seis pagos por servicios de Psicología.

Al prestar declaración indagatoria, el imputado, asistido por un defensor particular, se abstuvo de declarar.

El fiscal consideró que los elementos de prueba, valorados de manera individual y conjunta, conforman un cuadro probatorio lógico, armónico y convergente, suficiente para sostener, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa del proceso, la existencia de los hechos y la participación atribuida al imputado.

Los hechos que se le atribuyen

Según el primer hecho, entre mayo y octubre de 2023 Ruiz Díaz habría presentado ante la Municipalidad de Los Altos copias de un título de Licenciado en Psicología y de un certificado analítico presuntamente apócrifos, con el propósito de acreditar formación profesional y lograr su contratación.

El 1 de junio de 2023 suscribió un contrato de locación de servicios con el municipio y, el 30 de junio, una adenda para prestar servicios como psicólogo en el Centro de Atención Integral a Familias y Diversidades.

Como consecuencia de esa contratación, la Municipalidad realizó seis pagos por servicios de Psicología. La Fiscalía le atribuyó al imputado una defraudación a la Administración Pública por un monto total de $840.000.

El segundo hecho se ubica entre junio y octubre de 2023. Según la acusación, durante ese período Ruiz Díaz habría brindado atención psicológica a 22 personas en dependencias municipales.