Presentó el expediente completo en la Legislatura: el dato que el Gobierno no quiere que se discuta

El Consejo Agrario Provincial (CAP) entregó este lunes a la Cámara de Diputados toda la documentación sobre el proyecto turístico en la Península de Magallanes, en medio de una creciente controversia por la autorización excepcional que el Gobierno de Santa Cruz firmó para la operación inmobiliaria del “Master Plan Ecocentro”.

La presentación la hizo el titular del organismo, Hugo Garay, y llegó después de que la Legislatura aprobara por unanimidad un pedido de informes para conocer el expediente completo, los dictámenes y los antecedentes que derivaron en el Decreto 915/26, firmado por el gobernador Claudio Vidal el 1 de septiembre y publicado en el Boletín Oficial el 22 de septiembre.

La versión oficial

Desde el Ejecutivo provincial insistieron en que la Provincia no está vendiendo tierras fiscales. Según la información difundida por el Gobierno, los inmuebles involucrados son de propiedad privada desde hace más de seis décadas, con títulos transferidos en la década de 1960. Esa condición dominial, aclararon, no elimina las obligaciones ambientales por estar dentro del Área Natural Protegida Península de Magallanes.

El Gobierno también recordó que el Decreto 303/22, firmado durante la gestión de Alicia Kirchner, aprobó el Plan de Gestión del área y sujetó a ese instrumento las actividades, habilitaciones, concesiones y permisos. Y remarcó que el expediente del proyecto turístico no nació con la actual administración: el propio Decreto 915/26 lo identifica como Expediente CAP N.º 495.894/23, iniciado antes de la llegada de Vidal a la Gobernación.

Garay explicó que la propuesta original era de mayor escala y que el CAP pidió modificaciones porque no se adecuaba al Plan de Gestión. “El primer proyecto que nos presentaron era muy ambicioso y no se adecuaba al plan de manejo, entonces planteamos que se hiciera otro”, sostuvo el funcionario en declaraciones a LU12 AM680.

Según los datos aportados por el CAP, el proyecto contempla un predio privado de unas 20 hectáreas, con aproximadamente cuatro hectáreas destinadas a infraestructura. La iniciativa prevé 24 cabañas, con un máximo de 60 plazas, además de espacios comunes y senderos peatonales. La superficie total del Área Natural Protegida ronda las 38.900 hectáreas.

Evaluación ambiental y alcance de la excepción

Garay señaló que el estudio de impacto ambiental fue presentado en 2023 y que la evaluación concluyó con la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental en 2024. El Decreto 915/26 establece que el proyecto cuenta con esa declaración, aunque dispone que su habilitación, ejecución, puesta en marcha y funcionamiento deberán ajustarse a las normas ambientales, territoriales y de conservación vigentes.

La excepción dispuesta por el gobernador está limitada a la operación inmobiliaria entre Lacustre del Sud S.A. y ASB Hospitality Calafate SAU, vinculada al “Master Plan Ecocentro”. El propio decreto aclara que es por única vez y que no podrá usarse como antecedente automático para futuras operaciones similares.

Garay había sintetizado la posición oficial antes de la presentación ante los diputados: “Acá no hay nada oculto, hicimos todo bajo la normativa vigente”. También sostuvo que la actual administración está aplicando el Plan de Gestión aprobado durante la gestión anterior.

La objeción de De Urquiza

La explicación del Gobierno encontró una fuerte objeción en quien estuvo al frente del CAP durante la gestión de Alicia Kirchner. Entrevistado este lunes por LU12 AM680, Javier de Urquiza cuestionó la interpretación oficial sobre el Plan de Gestión y el alcance de la excepción del Decreto 915/26.

“Lo sigo con cierta y clara preocupación. Me da la impresión de que se está partiendo de una base errónea, una base equivocada”, sostuvo.

De Urquiza recordó que durante su gestión se elaboró el Plan de Gestión luego de un largo conflicto con propietarios de inmuebles dentro de la Península, proceso vinculado a una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2021 que ordenó avanzar con un plan de manejo para dar respuesta a los reclamos existentes.

El ex funcionario diferenció entre la posibilidad de desarrollar un proyecto dentro del marco del Plan de Gestión y la transferencia de la propiedad. Su cuestionamiento principal apunta a ese punto. “El problema es que me da la impresión de que se quieren usar esos elementos para justificar algo que no está permitido en ningún lado, que es la venta de terrenos dentro de la Península de Magallanes”, afirmó.

De Urquiza sostuvo que la normativa vigente establece que, si un propietario de un lote dentro de la Península pretende venderlo, debe ofrecerlo previamente a la Provincia. Desde esa interpretación, consideró que la excepción del Decreto 915/26 no resolvería el problema jurídico. “Está totalmente fuera de norma jurídica el autorizar una venta, por más que como dice el Decreto 915 sea por razones extraordinarias y por esta única vez”, manifestó.

Expediente bajo análisis

Con la documentación ya en manos de los diputados, el expediente queda en el centro de la discusión institucional. Los legisladores habían reclamado conocer la totalidad de las actuaciones para determinar qué organismos intervinieron, qué dictámenes se emitieron, cómo se desarrolló la evaluación ambiental y cuál fue el procedimiento que terminó en el Decreto 915/26. El pedido fue aprobado por unanimidad.

La discusión ya no se limita al anuncio de una inversión turística ni a las características del futuro complejo. El eje pasa ahora por reconstruir el recorrido administrativo y determinar cómo se articulan el régimen de propiedad privada, la normativa de áreas protegidas, el Plan de Gestión aprobado durante la administración anterior, la evaluación ambiental y la excepción dispuesta por el actual Gobierno.

La documentación entregada a la Legislatura será, desde ahora, el elemento sobre el cual los diputados deberán analizar las interpretaciones y el procedimiento seguido por los organismos provinciales.