Presentan una ley para que las cuentas oficiales no queden atadas a un funcionario

El diputado provincial por Cafayate, Patricio Peñalba, presentó un proyecto de ley que busca poner reglas claras para la identificación, administración, protección y transferencia de los activos digitales del Estado provincial, sobre todo cuando cambian los funcionarios o los gobiernos.

La iniciativa no se queda solo en las cuentas oficiales de redes sociales: también abarca plataformas, sistemas informáticos, expedientes digitales, bases de datos y toda la información que generan o administran los organismos públicos.

En diálogo con Efecto Dominó por Radio LUP 94.7, Peñalba explicó que hoy cada organismo tiene sus propios mecanismos de protección, pero consideró que hace falta una normativa general.

“Es mucho más amplio y mucho más complejo porque estamos hablando de toda la información digital, incluso las bases de datos que tiene el propio Estado. No tenemos nada que proteja nuestros activos digitales”, señaló.

¿De quién son las cuentas oficiales?

Uno de los puntos centrales que pretende resolver el proyecto es determinar quién es el dueño de una cuenta, plataforma o base de datos que se usa institucionalmente, sin importar quién la haya creado o administrado.

Peñalba sostuvo que el problema suele estallar cuando cambia una autoridad y las credenciales o accesos siguen vinculados a los datos personales del funcionario que se va.

“No son solamente las cuentas, sino también las bases de datos o toda la información que manejan los expedientes. Manejamos muchos expedientes digitales ahora. Segundo, definir quién es el dueño, porque el dueño no son los funcionarios, ni siquiera es el gobierno de turno: es el Estado”, explicó.

En ese sentido, planteó que también hay que establecer un procedimiento obligatorio para entregar estos recursos cuando se produce un cambio de autoridades.

“A veces hay cambio de gobierno, a veces hay cambio de funcionarios que se van y vienen, y nos ha pasado que quedamos rehenes de ellos porque la cuenta institucional de un municipio ha sido abierta por una persona, con su nombre, apellido y mail. Cuando se va, ¿quién es el dueño de esa cuenta?”, ejemplificó.

Las bases de datos, el corazón del proyecto

Aunque las redes sociales y las cuentas institucionales forman parte de la iniciativa, Peñalba remarcó que uno de los aspectos más importantes tiene que ver con las bases de datos que administra el sector público.

“Apuntamos a las redes sociales, a las cuentas oficiales, a algunas bases de datos municipales. En realidad, creo que hoy la importancia de este proyecto de ley está en este tipo de información: las bases de datos. Hay una lucha muy grande por el acceso a los datos”, sostuvo.

Para el legislador, preservar esa información no solo tiene importancia administrativa, sino que puede ser clave para diseñar políticas públicas.

“Para el Estado los datos son importantísimos porque, si sos serio y tenés datos serios, podés tomar políticas públicas adecuadas en función de lo que los indicadores te van marcando. Para los países, acceder a la información es una cuestión de seguridad y conocimiento, y para los privados es una cuestión netamente económica”, explicó.

Evitar que la información pública se pierda con un funcionario

El proyecto pretende garantizar que los recursos digitales queden en manos del Estado y puedan ser usados por las siguientes administraciones.

“En esas cuentas hay información valiosísima que es útil para las personas o para el nuevo gobierno”, remarcó Peñalba.

La propuesta plantea la creación de una “ley madre” que fije criterios comunes, defina qué debe entenderse por activo digital público y determine cómo se administra y se transfiere después.

Respecto de eventuales incumplimientos, Peñalba aclaró que el proyecto no establece un nuevo régimen de sanciones, sino que podrían aplicarse las disposiciones administrativas que ya existen para las acciones realizadas en perjuicio del Estado.

De avanzar en la Legislatura, la iniciativa buscará cubrir un vacío normativo que, según el diputado, cobra cada vez más relevancia a medida que expedientes, trámites, comunicaciones y datos públicos migran hacia entornos digitales.