Un diputado presentó una ley de fitosanitarios que promete menos burocracia para el campo. Pero hay un punto que los productores de la zona este no quieren dejar pasar.
El diputado provincial Francisco Monti (LLA) presentó un proyecto de Ley de Fitosanitarios para Catamarca con el objetivo de actualizar las reglas sanitarias sobre el uso de productos contra plagas en el campo, sin sumar costos ni trámites a los productores. La iniciativa busca equilibrar la protección de la salud pública con la competitividad de las economías regionales, según explicó el legislador en un comunicado.
Monti señaló que el texto surgió de conversaciones directas con productores y otros actores del ámbito rural, con la idea de conformar una norma moderna que se adapte a la realidad productiva de la provincia. "Presentamos nuestra Ley de Fitosanitarios para Catamarca. Sin peajes, sin burocracia, sin sumarle un peso de costo al que produce. Protege la salud y libera a la producción", afirmó.
El argumento de la distancia
El diputado remarcó que la actualización normativa debe contemplar la desventaja logística de los productores locales, que trabajan a cientos de kilómetros del puerto de Rosario. En ese sentido, advirtió que la Provincia no puede imponer medidas restrictivas ni costos adicionales que afecten la rentabilidad y la productividad del campo.
En el este provincial, especialmente en el departamento Santa Rosa, que limita con Tucumán y Santiago del Estero, se concentra la producción de cultivos extensivos como trigo, maíz y girasol. Allí la aplicación de productos contra plagas es parte de las tareas habituales, en una zona donde las poblaciones viven cerca de los campos.
Una norma que viene de 1987
Actualmente, la Provincia se rige por una ley de agroquímicos de 1987. En abril, el tema volvió a la Cámara de Diputados con el análisis de un proyecto para reemplazarla, impulsado por el Colegio de Ingeniería Agronómica, que prevé una receta digital para controlar en tiempo real el uso de estos productos. Esa iniciativa había sido aprobada por el Senado en 2021, aunque perdió estado parlamentario.