Presentan una denuncia penal contra autoridades de CAMYEN por un área protegida

Una denuncia penal presentada por María Luisa Bustos ante la Fiscalía General en lo Penal apunta contra las autoridades directivas y funcionarios de Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN S.E.) por el presunto otorgamiento de derechos de exploración minera en Campo de Piedra Pómez y Laguna Purulla, en Antofagasta de la Sierra. El objetivo es determinar si se cumplieron las exigencias ambientales que fija la legislación.

La presentación también alcanza a quienes pudieran resultar responsables y solicita incorporar los expedientes administrativos vinculados con las áreas cuestionadas. Según la denunciante, esas zonas están comprendidas dentro del Área Natural Protegida creada por la Ley Provincial 5070, y los funcionarios intervinientes habrían conocido las restricciones vigentes al avanzar con los actos administrativos. En el escrito se traza una posible violación de los deberes de la función pública y de normas ambientales.

Qué información se pidió

Bustos requirió al Ministerio de Minería, a CAMYEN, al Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente y a la autoridad ambiental que informen qué concesiones están vigentes, quiénes son sus titulares, qué estudios de impacto ambiental se presentaron, qué autorizaciones se otorgaron y si existieron instancias de participación. También solicitó al Juzgado de Minas y al organismo ambiental copias certificadas de los expedientes administrativos.

El área protegida en discusión

La controversia gira en torno al régimen de protección de Campo de Piedra Pómez, Volcán Blanco y Laguna Purulla. En 2012, durante la gestión de Lucía Corpacci, el Gobierno provincial formalizó la creación del Área Natural Protegida Campo de Piedra Pómez e incorporó esos sectores al esquema de protección. En ese momento, la medida se presentó como una herramienta para conservar los recursos naturales, ordenar el turismo, evitar la extracción no regulada y establecer condiciones para su uso.

De acuerdo con la normativa citada en la denuncia, el aprovechamiento de recursos dentro de áreas protegidas debe ajustarse a condiciones específicas, entre ellas la evaluación de impacto ambiental y la intervención previa de la autoridad competente.

Los proyectos en la zona

En ese escenario aparecen distintos proyectos y actividades mineras. En Laguna Purulla se encuentra el proyecto de exploración de litio Campo Blanco, asociado a CAMYEN y World Metals Alloys (WMA). El área de intervención se ubica en los bordes de la laguna, señalada por su importancia como hábitat de nidificación de la parina grande o flamenco andino. La denuncia plantea determinar qué permisos, estudios ambientales y autorizaciones respaldan las tareas de exploración.

En el entorno de Carachi Pampa también se desarrolla el proyecto de litio Kachi, de Morena del Valle Minerals, subsidiaria de Lake Resources. Pobladores y prestadores turísticos ya habían expresado preocupación por el tránsito de camiones, el ruido de las perforaciones y los posibles efectos sobre las aguas subterráneas.

Cerca de Campo de Piedra Pómez existen además antecedentes de extracción de minerales no metalíferos, entre ellos diatomita o puloy. Guías y vecinos señalaron impactos por residuos, circulación y alteraciones del paisaje, mientras que los explotadores sostienen derechos previos.

El planteo de la denuncia busca establecer si los derechos de exploración cuestionados fueron otorgados de acuerdo con el régimen aplicable y si se cumplieron las instancias ambientales exigidas. La investigación deberá determinar qué instrumentos se utilizaron, quiénes intervinieron, qué informes respaldaron las decisiones y si hubo autorizaciones ambientales previas. Bustos pidió que la Fiscalía ordene las medidas solicitadas e incorpore antecedentes de la empresa. Esas diligencias permitirán establecer si hubo irregularidades y, en caso de corresponder, si las conductas pueden encuadrarse en alguno de los delitos denunciados.