Presentan una demanda millonaria por la pesca en Malvinas: a quiénes apunta

La Fundación Agustina Lerena presentó una demanda colectiva ante la Justicia Federal de Río Grande contra las empresas pesqueras que operan en torno a las Islas Malvinas. El reclamo económico oscila entre u$s12.351 millones y u$s26.465 millones, según el criterio de valuación de las capturas que se utilice.

La iniciativa la impulsa César Lerena, especialista y presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, con el patrocinio del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat. La presentación apunta contra firmas españolas, sociedades mixtas vinculadas a capitales isleños y empresas argentinas presuntamente relacionadas con las operaciones, además de bancos, astilleros, aseguradoras y proveedores de servicios.

Qué reclama la demanda

El escrito sostiene que la explotación de los recursos se desarrolla sin autorización argentina al menos desde 1989 y que esa actividad genera perjuicios ambientales, económicos y sociales. Por eso solicita que la Justicia ordene el cese de las operaciones de las compañías demandadas en las aguas en disputa y las condene a reparar los daños denunciados.

El monto reclamado se calculó a partir de las capturas pesqueras registradas entre 1989 y 2025. La diferencia entre los extremos de la estimación responde a la metodología de valuación: la parte actora contempla tanto precios FOB como valores mayoristas, y pide además intereses, actualización y costas.

Según los datos citados en la denuncia, la Argentina desembarca alrededor de 800.000 toneladas de productos pesqueros por año y exporta por unos u$s2.000 millones. En contraste, la demanda estima que las capturas en las aguas de Malvinas rondan las 250.000 toneladas anuales.

La fundación argumenta que el perjuicio no se limita al valor de los peces extraídos e incorpora posibles pérdidas asociadas con el procesamiento industrial, la comercialización, la recaudación impositiva y los derechos de captura que, de acuerdo con su planteo, corresponderían a la Argentina.

Los argumentos legales

Para fundamentar el reclamo, la presentación invoca el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente 25.675 y la Ley Federal de Pesca 24.922, además de la resolución 31/49 de las Naciones Unidas y estadísticas e informes técnicos, entre ellos los del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP).

Por otra parte, cuestiona las licencias pesqueras otorgadas por las autoridades isleñas, incluidas renovaciones por períodos de 25 años, y determinados esquemas societarios con participación mayoritaria de capitales vinculados a las islas.

Un contexto de tensión creciente

El episodio ocurre en medio de la escalada de tensión entre la Argentina y el Reino Unido, con réplicas continentales, como la pulseada con Chile por la implementación de una ruta comercial que une Punta Arenas con las Islas Malvinas. Este miércoles, por caso, Londres anunció que prepara conmemoraciones en las islas para el 45 aniversario de la guerra, "honrando a aquellos que pagaron el precio definitivo por la libertad de los isleños de las Malvinas".

Como contó Ámbito, la disputa también se coló en la 27.ª edición de la Feria Internacional de Productos del Mar Congelados (CONXEMAR), en Vigo, España, uno de los principales encuentros mundiales de la industria pesquera, la acuicultura y los productos del mar congelados, así como también en el IV Taller Científico Internacional sobre Illex argentinus.

Centralmente, la flota gallega que opera en el Atlántico Sur con permiso del Gobierno colonial de Malvinas se aboca a la pesca del calamar Loligo o Patagónico y del calamar Illex. Según consignó el portal especializado Agenda Malvinas, la segunda temporada de pesca en Malvinas colapsó en agosto, dado que los muestreos científicos arrojaron niveles críticos de biomasa comercializable.

De las operaciones formaba parte una flota de 16 grandes buques arrastreros congeladores, pertenecientes a sociedades mixtas integradas por armadoras de Vigo y Marín (como Pescapuerta, Chymar, Pereira, Lanzal, Copemar, Wofco y Marfrío), en alianza con operadores locales.

A mediados de septiembre, los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de la organización Reset Republicano, presentaron ante la Justicia Federal en lo Penal Económico una denuncia penal contra directivos, administradores y representantes legales de distintas empresas pesqueras internacionales y sus sociedades mixtas asociadas, por explotar recursos vivos marinos en el mar argentino mediante autorizaciones emitidas por las autoridades británicas.