Presentaciones por día y 440 causas: el problema de discapacidad que complica al Gobierno en Córdoba
Lo que parecía un reclamo aislado ya tiene número: 440 causas contra la Andis en los tribunales de Córdoba y cinco presentaciones por día en un solo juzgado federal. La Justicia apunta a dos funcionarios nacionales y el Gobierno busca una salida con un nuevo proyecto, pero el conflicto no se detiene.
En los tribunales cordobeses se acumulan 440 expedientes contra la Andis por fallas en la cobertura y demoras en el Certificado Único de Discapacidad (CUD). A ese número se suman las cinco presentaciones diarias que llegan al juzgado federal a cargo de Miguel Vaca Narvaja, todas vinculadas al incumplimiento de prestaciones para personas con discapacidad.
El propio juez confirmó a Puntal que “en el juzgado estamos llegando a cinco presentaciones por día”. La cifra da cuenta de una ola de reclamos que no se veía desde el retorno de la democracia, según aseguran en el ámbito judicial.
Investigan a dos funcionarios nacionales
Vaca Narvaja ordenó investigar penalmente al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y al titular del Pami, Esteban Leguizamo, por el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia a la autoridad. La medida surge “luego de reiteradas intimaciones judiciales no acatadas por el Gobierno respecto al pago de prestaciones para personas con discapacidad”, según se comunicó.
La decisión del magistrado respondió a “una presentación de la abogada patrocinante del amparo colectivo, Marta Lastra, quien denunció la falta de acatamiento a una sentencia de junio pasado que exigía regularizar pagos a prestadores de servicios en el sector de discapacidad”. Lastra, que además es madre de un hijo con discapacidad, busca proteger a los beneficiarios de Incluir Salud y el Pami.
Un reclamo que crece
El conflicto por la discapacidad no es nuevo. Las marchas en distintas plazas del país se repitieron en los últimos meses por los recortes aplicados al sector. El ajuste nacional golpea a prestadores de servicios, transportistas, pacientes y sus familias.
Con la presentación del Presupuesto 2027, las críticas contra el Gobierno Nacional por la quita de beneficios a las personas con discapacidad se reactivaron. Frente a ello, el Ejecutivo decidió enviar un nuevo proyecto, aunque las causas en los tribunales cordobeses siguen sumando.
