Prefectura irrumpió de madrugada en una casa de Río Gallegos ligada a la causa Báez
Policiales · Santa Cruz

Prefectura irrumpió de madrugada en una casa de Río Gallegos ligada a la causa Báez

El operativo arrancó antes de las 7 en una casa de Río Gallegos y lo ordenó el Juzgado Federal. La diligencia se enmarca en la causa que tiene a Lázaro Báez como principal imputado: qué encontraron y cómo sigue la pesquisa.

Efectivos de Prefectura Naval Argentina allanaron este viernes por la mañana una vivienda de Río Gallegos vinculada a la investigación que tiene como principal imputado a Lázaro Báez, según pudo confirmar TiempoSur. El procedimiento arrancó antes de las 07:00 y fue dispuesto por el Juzgado Federal.

El domicilio allanado está ubicado en calle Piloto Lero Rivero, casi esquina Gobernador Gregores. La diligencia se enmarca en la causa que la Justicia Federal viene construyendo en torno al empresario, detenido y cumpliendo una condena de 15 años de prisión.

Cómo nació la investigación

El punto de partida de la trama de narcotráfico fue el hallazgo de un hombre sin vida en su casa de Río Gallegos, identificado como Carlos Mauricio Ducio, junto a medio kilo de cocaína. La autopsia descartó criminalidad externa, pero el peritaje de su teléfono celular permitió reconstruir una presunta red de tráfico de estupefacientes y de transferencias desde Buenos Aires.

A partir de la identificación de uno de los imputados, los investigadores avanzaron con un seguimiento por estupefacientes. Las escuchas telefónicas fueron clave: revelaron comunicaciones desde la cárcel en las que Báez daba directivas sobre la administración y explotación de bienes embargados o con pedido de decomiso.

Una seguidilla de allanamientos

Con las pruebas reunidas, en noviembre se concretaron alrededor de 27 allanamientos distribuidos entre Santa Cruz —Río Gallegos y El Calafate incluidos— y Buenos Aires. Los procedimientos continúan en los últimos días en el marco de las causas por lavado de activos y narcotráfico.

El viernes 13 se realizaron dos audiencias. En la primera, la Unidad Fiscal, junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, imputó a Báez por encabezar una organización de diez personas y por dirigirla telefónicamente desde el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, donde cumple la pena de 15 años.

Según la imputación, Báez administró, explotó y puso en circulación activos de origen ilícito que habrían sido sustraídos de la ejecución de las condenas que pesan sobre él, y cuya administración le está vedada por el artículo 12 del Código Penal. La calificación legal que usó la fiscalía en la formalización de la investigación incluye lavado de activos agravado, asociación ilícita, insolvencia fraudulenta y defraudación.

En ese esquema, a uno de los integrantes de la organización, identificado como C.S.I. y considerado por la fiscalía como “operador de hecho y administrador territorial” de Báez, se le atribuyó además ser líder de una banda dedicada al tráfico de estupefacientes en Santa Cruz.

Bienes bajo la lupa y una causa conexa

La hipótesis fiscal sostiene que el entorno de Báez no solo sustraía activos del control judicial —entre ellos inmuebles ya inscriptos a nombre de la Corte Suprema de Justicia de la Nación—, sino que también utilizaba a los cabecillas de la organización narco para mover fondos y bienes.

Las Fiscalías ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal N°1, a cargo de Diego Luciani; la N°2, de Abel Córdoba; y la N°6, de Diego Velasco, aportaron información detallada de los bienes que permitió acreditar el estado de ejecución de la pena de Báez y el de algunos bienes cautelados o para decomiso.

En la segunda audiencia, la fiscalía reconstruyó la causa conexa e imputó a nueve integrantes de una estructura que habría comercializado alrededor de 60 kilos de cocaína desde diciembre de 2025 y que, a su vez, “reciclaría” las ganancias ilícitas mediante billeteras virtuales, testaferros y la compra de una flota de vehículos de alta gama.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, esa organización criminal está encabezada por C.S.I. —el presunto “administrador territorial” de Báez—, por J.A. y J.U., también imputados en la investigación conexa, y por J.B. Todos ellos aparecen vinculados al traslado y posterior distribución de estupefacientes hasta Río Gallegos, y habrían generado, acumulado y reciclado los activos ilícitos provenientes de esa economía criminal.

Siguiente nota Policiales · Santa Cruz

Ocho allanamientos simultáneos: cómo una banda metía cocaína y marihuana a la Unidad 15

Seguí leyendo

Elegí tu provincia

Para ver tu edición local