Policías de Villarino perdieron su trabajo por un detalle en sus declaraciones juradas

Ocho agentes de la Policía Bonaerense que prestaban servicio en Villarino fueron separados de la fuerza tras una investigación interna que reveló una maniobra para cobrar un plus salarial de forma indebida. Según informó La Nueva, los oficiales habrían declarado domicilios falsos en Carmen de Patagones para acceder al beneficio por zona desfavorable.

El mecanismo detectado

La causa se originó en 2022, a partir de una denuncia anónima que apuntaba contra 24 efectivos. Durante el sumario, la Auditoría de Asuntos Internos logró acreditar que ocho de ellos percibieron durante varios años sumas superiores a las que les correspondían, amparándose en documentación con información presuntamente falsa.

Según el expediente administrativo, los policías declaraban residir en el partido de Carmen de Patagones, al sur del río Colorado, aunque no vivían allí de forma permanente. Ese requisito de residencia es indispensable para cobrar el adicional, cuyo monto varía según la jerarquía del agente.

Una sanción ejemplar

Tras analizar las pruebas, Asuntos Internos resolvió aplicar la cesantía, la sanción administrativa más severa dentro de la fuerza. La medida implica la salida definitiva de la Policía y la pérdida de los derechos vinculados al cargo.

En la resolución, el organismo calificó la conducta de los efectivos como un acto de corrupción, al utilizar declaraciones juradas con datos falsos para obtener un beneficio económico. Los sancionados son los oficiales Gustavo Cano, Ángel Díaz, Diego Ibáñez, Macarena María, Débora Montes de Oca, Flavia Ramos, Lorena Vázquez y Mailén Vázquez.

La causa penal, en paralelo

La sanción administrativa no cierra el caso. En la Fiscalía de Bahía Blanca avanza una investigación penal por el posible delito de fraude en perjuicio de la administración pública. De esta manera, los exagentes deberán responder por dos vías: la disciplinaria, que ya los dejó afuera de la fuerza, y la judicial, que definirá si hay responsabilidad penal por el dinero cobrado de manera irregular.

El sumario administrativo había comenzado con una lista de sospechosos mucho más amplia, pero finalmente solo ocho casos quedaron acreditados. Ahora, la Justicia deberá determinar el alcance de la maniobra y las eventuales responsabilidades de los implicados.