Policías de El Calafate en la mira de la Justicia por el quite de colaboración: qué pasará ahora

La denuncia de la Jefatura de Policía de Santa Cruz contra efectivos de El Calafate que se plegaron al conflicto salarial y continuaron con el "quite de colaboración" ya tiene destino judicial. La fiscal Natalia Mercado impulsó la investigación y ahora el Juzgado de Instrucción N.º 1 deberá definir los próximos pasos.

¿Cuál es el delito que se investiga?

La fiscal de Instrucción de El Calafate, Natalia Mercado, consideró que existen elementos suficientes para avanzar y formuló el requerimiento de instrucción por la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, previsto en el artículo 249 del Código Penal, sin perjuicio de otras calificaciones legales que pudieran surgir durante el desarrollo de la causa.

De esta manera, la investigación quedó formalmente impulsada y ahora será el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N.º 1 de El Calafate, a cargo del Dr. Carlos Albarracín, el encargado de llevar adelante las medidas probatorias correspondientes.

¿Qué pasos seguirá la investigación?

De acuerdo con la información a la que accedió Ahora Calafate, el primer paso dispuesto por la Justicia será la recepción de declaraciones testimoniales de los responsables de las dependencias policiales involucradas. Las audiencias comenzarán el martes 25 de agosto y podrán extenderse por uno o dos días más.

Serán citados los jefes del Comando de Patrullas, las Comisarías Primera y Segunda, la Dirección General Regional Sudoeste y los cuarteles de Bomberos de El Calafate y El Chaltén. El objetivo será reconstruir cómo se desarrolló la medida de fuerza, identificar qué personal participó, determinar de qué manera impactó sobre la prestación del servicio policial y establecer si existió un incumplimiento de las funciones asignadas.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que otra de las medidas que podría adoptar el Juzgado será requerir a la Policía Provincial la remisión de los sumarios administrativos iniciados contra los efectivos que no acataron la orden de retomar el servicio. Una vez reunida esa prueba, la investigación avanzaría hacia una nueva etapa en la que podrían producirse las declaraciones indagatorias de aquellos efectivos cuya conducta resulte de interés para la causa.

¿Qué se le imputa a los policías?

El expediente se inició a partir de la denuncia presentada por el jefe de Policía, comisario general Diego Agüero. La presentación sostiene que durante el conflicto salarial iniciado en junio de este año un importante número de efectivos continuó con el denominado "quite de colaboración", dejando de cumplir tareas propias del servicio, como patrullajes preventivos, cobertura de consignas, guardias y atención de requerimientos, incluso después de que la Jefatura impartiera una orden pública para normalizar la prestación del servicio.

Según la documentación incorporada a la causa, la adhesión a la medida alcanzó aproximadamente el 80 % del personal de la Comisaría Primera, el 85 % de la Comisaría Segunda y el 70 % del Comando de Patrullas, situación que habría reducido significativamente la capacidad operativa de la fuerza en El Calafate. La denuncia sostiene además que esa disminución obligó a redistribuir personal, utilizar oficiales superiores y solicitar colaboración de fuerzas federales para reforzar las tareas preventivas en la ciudad.

¿Qué papel juega la fuga de Núñez?

Entre los antecedentes incorporados a la investigación figura también la evasión del detenido Nicolás Adrián Núñez, ocurrida en la Comisaría Segunda de El Calafate durante el conflicto. Según consta en las actuaciones, al momento de la fuga la guardia se encontraba cubierta únicamente por dos efectivos, circunstancia que también será analizada dentro del expediente para determinar si la disminución del personal tuvo incidencia en ese episodio.

Tras la presentación de la denuncia, el propio jefe de Policía, Diego Agüero, explicó en una entrevista con FM Dimensión que la fuga del detenido fue uno de los hechos que motivaron la decisión de acudir a la Justicia. En aquella oportunidad sostuvo que la reducción de la capacidad operativa generó una situación de riesgo para la seguridad pública y para la custodia de las personas privadas de su libertad, aunque aclaró que la denuncia no atribuye haber facilitado la fuga, sino que solicita investigar si el incumplimiento de funciones durante la medida de fuerza tuvo relación con ese hecho.

Por el momento, la causa se encuentra en una etapa preliminar y no existe ninguna imputación ni declaración judicial de responsabilidad penal respecto de los efectivos alcanzados por la investigación. Precisamente, las medidas ordenadas por la Fiscalía y el Juzgado tienen como finalidad individualizar las conductas de cada uno de los involucrados y determinar si los hechos denunciados constituyen o no un delito.