Polémica iniciativa: quieren darles abogados propios a policías imputados por violencia institucional

El gobierno de Santa Fe prepara un proyecto de ley para garantizar la defensa técnica de policías acusados de violencia institucional. La medida, adelantada por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, busca terminar con lo que consideró un "sesgo antipolicía" en el sistema penal.

¿Qué propone el proyecto?

La iniciativa contempla la creación de un cuerpo de abogados especializados, centralizados, que se dediquen exclusivamente a representar a uniformados imputados en este tipo de causas. Según explicó el funcionario, esto evitaría conflictos de intereses en las regionales, donde un mismo defensor podría tener que representar a un policía y a su acusador.

En diálogo con el programa "De boca en boca" (Radio 2), Cococcioni recordó que desde la implementación del nuevo sistema acusatorio, la defensa pública mostró "un sesgo marcadamente antipolicía". Esto se tradujo en resoluciones que prohibían a los defensores oficiales tomar casos de policías y penitenciarios.

"Legalizar la objeción de conciencia"

El ministro fue tajante al referirse a esas directivas: "Esto en un cuerpo de defensores públicos equivale tanto como a legalizar la objeción de conciencia y priva a un colectivo entero de ciudadanos de la provincia de Santa Fe de los mismos derechos que tiene cualquier otro funcionario".

Además, Cococcioni señaló que "los funcionarios de las fuerzas de seguridad son los únicos funcionarios que fueron específicamente prohibidos de tener una defensa pública", una situación que consideró injusta y discriminatoria.

El ministro también apuntó contra gestiones anteriores, donde aseguró haber visto "afiches con la gorra de policía tachada" en las oficinas de los defensores. "Toda una política institucional centrada de alguna manera en el ataque a la institución policial y a sus funcionarios. No podemos pedirle que tengan la confianza en que esa institución los va a defender adecuadamente", sentenció.

La propuesta oficial busca entonces revertir esa situación y garantizar que los agentes tengan acceso a una defensa técnica de calidad, en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos.