Polémica en Santa Cruz: el proyecto de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada" que enciende alarmas

Un proyecto de ley que promete proteger la propiedad privada genera rechazo en Santa Cruz. Diversos sectores políticos y ambientales advierten que, bajo ese nombre, se esconde una desregulación que permitiría la venta de tierras rurales a capitales extranjeros sin límites y facilitaría desalojos exprés.

La iniciativa, presentada por el Gobierno Nacional, ya tiene fecha para su tratamiento en el Senado: el próximo 6 de agosto. En la provincia, la preocupación crece y las organizaciones ya comenzaron a movilizarse.

¿Qué dice la ley y por qué genera rechazo?

Gabriela Ance, referente del Partido Obrero en Santa Cruz, explicó en el programa La Bisagra que el título del proyecto es un “eufemismo”. En realidad, sostuvo, busca eliminar el tope del 15% que actualmente limita la titularidad de tierras rurales en manos de extranjeros.

“No protege la casa de una familia, protege el negocio de quienes concentran la tierra”, enfatizó Ance durante la entrevista.

Recursos estratégicos en la mira

La dirigente señaló que en Santa Cruz la medida es particularmente grave por la extensión territorial y la riqueza de sus recursos: glaciares, fuentes de agua dulce, bosques, hidrocarburos y zonas cordilleranas. Además, alertó sobre el riesgo en áreas de frontera, donde capitales de Estados Unidos, Italia, China e Inglaterra ya poseen hectáreas.

“La desregulación expondrá zonas clave de la Patagonia a la especulación inmobiliaria y corporativa”, advirtió.

Un paquete de reformas que preocupa

Desde el Partido Obrero remarcaron que este proyecto no es un hecho aislado. Forma parte de un conjunto de medidas del Gobierno Nacional, como el RIGI, la reforma laboral y las modificaciones a las leyes de Glaciares y de Manejo del Fuego, que buscan desarmar la protección ambiental e industrial del país.

Ante el inminente debate en el Senado, organizaciones ambientales, sociales y de abogados de Santa Cruz ya convocaron a jornadas de protesta para el 6 de agosto, con el objetivo de frenar la aprobación de la norma.