Polémica en San Pablo: expertas advierten que la desafectación de una calle favorece al Grupo Lucci y piden frenar la ley

Especialistas en urbanismo salieron al cruce de la decisión de la Legislatura de Tucumán de desafectar un terreno en San Pablo, donde estaba proyectada una calle que conectaría con El Manantial. Aseguran que la medida beneficia intereses privados del Grupo Lucci y compromete la conectividad futura de la zona.

La iniciativa, aprobada por mayoría en la última sesión legislativa, aún espera la promulgación del Poder Ejecutivo. El proyecto desafecta una franja de 650 metros de largo por 10 metros de ancho, ubicada en una zona que históricamente fue agrícola pero que hoy vive un boom de desarrollos inmobiliarios privados.

¿Por qué genera rechazo?

El legislador Mario Leito, impulsor de la propuesta, argumentó que el espacio nunca funcionó como calle y que la medida permitiría regularizar la situación de unas 80 familias (50 de Ohuanta y 30 de El Manantial), que podrían acceder a títulos de propiedad. También mencionó un convenio con Citrusvil para ceder terrenos en compensación, aunque el acuerdo no está formalizado.

Sin embargo, el legislador opositor Manuel Courel alertó que ese corredor es la única vía de escape en casi 2,5 kilómetros de urbanizaciones cerradas entre las rutas provinciales 301 y 338, sobre la avenida Vicente Lucci.

Voces expertas: “No es una simple decisión administrativa”

La arquitecta Marta Casares, de Saplat, sostuvo que el caso refleja un problema estructural: “La urbanización avanza por fragmentos y la planificación pública llega tarde, limitándose a convalidar hechos consumados”. Para ella, el terreno no es un remanente sin valor, sino una reserva estratégica de conectividad en una zona de alta presión inmobiliaria.

Por su parte, la doctora María Paula Llomparte Frenzel, investigadora del Conicet y vecina de San Pablo, advirtió que la cesión de la calle profundizaría la fragmentación territorial y social, creando nuevas barreras físicas.

El modelo de ciudad en debate

Llomparte Frenzel también criticó el modelo de movilidad centrado en el automóvil y alertó sobre la “gentrificación verde” en el pedemonte tucumano, donde emprendimientos se presentan como sustentables pero generan alto impacto ambiental y exclusión social.

Casares recordó que el Gobierno provincial creó en 2025 el Procedimiento de Autotutela Administrativa de Inmuebles del Estado y el Registro Único de Bienes Inmuebles del Estado Provincial (decretos 3664 y 3665), lo que contradice esta desafectación. “La protección del patrimonio público no puede ser selectiva”, afirmó.

Ambas expertas coincidieron en que el Ejecutivo no debería promulgar la ley. Casares fue categórica: “No se trata solamente de una calle. Lo que está en discusión es el modelo de ciudad y de territorio que Tucumán pretende construir para las próximas décadas”.