Polémica en San Pablo: expertas advierten que la desafectación de una calle beneficia al Grupo Lucci y piden frenar la ley

La Legislatura de Tucumán aprobó la desafectación de un terreno de 650 metros de largo por 10 de ancho entre San Pablo y El Manantial, una medida que según especialistas en urbanismo favorece intereses privados del Grupo Lucci y pone en riesgo la conectividad futura del área metropolitana. Ahora, el Poder Ejecutivo debe decidir si promulga la norma o la veta.

¿Qué se aprobó exactamente?

El proyecto, impulsado por el legislador Mario Leito, elimina el carácter público de una franja que estaba catastralmente reservada para una calle. Leito argumentó que el espacio nunca cumplió esa función y que la medida permitiría regularizar la situación de unas 80 familias de Ohuanta y El Manantial, que podrían acceder a títulos de propiedad.

Sin embargo, durante el debate legislativo, el opositor Manuel Courel alertó que ese corredor es la única vía de escape en casi 2,5 kilómetros de urbanizaciones cerradas entre las rutas 301 y 338, sobre la avenida Vicente Lucci.

Las voces críticas de las expertas

La arquitecta Marta Casares, de la Sociedad Argentina de Planificación Territorial (Saplat), sostuvo que la decisión no es administrativa sino que refleja un problema estructural. “La urbanización avanza por fragmentos y la planificación pública llega tarde”, señaló.

Para Casares, el terreno no es un remanente sin valor, sino una reserva estratégica de conectividad en una zona de alta presión inmobiliaria. Calificó la medida como regresiva, ya que transforma un espacio público en un activo para operaciones privadas.

Por su parte, la doctora María Paula Llomparte Frenzel, investigadora del Conicet y vecina de San Pablo, coincidió en que el debate trasciende el caso puntual. Advirtió que la eventual cesión de la calle podría consolidar barreras físicas y funcionales, profundizando la fragmentación territorial y social.

¿Qué pasa con la compensación prometida?

Leito mencionó un convenio con Citrusvil para ceder terrenos en compensación, pero ese acuerdo no está en el proyecto aprobado ni fue formalizado. Fuentes oficialistas aseguraron que la iniciativa contó con el aval previo del Poder Ejecutivo.

Casares también señaló una contradicción con las políticas provinciales de protección del patrimonio inmobiliario estatal, como los decretos 3664 y 3665 de 2025. “La protección del patrimonio público no puede ser selectiva”, afirmó.

El modelo de ciudad en discusión

Llomparte Frenzel cuestionó el modelo de movilidad centrado en el automóvil y alertó sobre la “gentrificación verde” en el pedemonte tucumano, donde los barrios privados se presentan como sustentables pero generan desmontes, alto consumo de agua y exclusión social.

Mientras se multiplican los countries, persisten sectores con déficit de infraestructura básica. La especialista advirtió que estas dinámicas pueden desplazar a poblaciones históricas y profundizar las desigualdades.

Finalmente, Casares fue categórica: “No se trata solamente de una calle. Lo que está en discusión es el modelo de ciudad y de territorio que Tucumán pretende construir para las próximas décadas”. Por eso, pidió al Ejecutivo que no promulgue la ley.