Polémica en La Pampa: el peaje a camiones que destruyen las rutas ya tiene a la oposición en pie de guerra

El oficialismo quiere cobrar peaje a los camiones que destrozan las rutas pampeanas, pero la oposición ya anticipó su rechazo al mecanismo elegido. El proyecto del Ejecutivo provincial, que busca financiar el mantenimiento vial con el cobro a los fletes areneros, choca con la postura de la UCR y el PRO, que no aceptan la creación de un nuevo fideicomiso.

La iniciativa, que ingresó a la Legislatura provincial, propone que la recaudación se administre a través de la Fiduciaria La Pampa S.A.P.E.M., una decisión que generó un fuerte debate político. Mientras el gobernador Sergio Ziliotto impulsa la medida para recuperar fondos ante la falta de avances con Nación, los legisladores opositores cuestionan la creación de más estructuras burocráticas.

¿Qué dice la oposición?

El presidente de la bancada radical, Hipólito Altolaguirre, fue contundente: “No estoy de acuerdo en esto de seguir creando fiduciarias, establece un fideicomiso, y para algo tenemos la Dirección Provincial de Vialidad”, disparó en diálogo con LA ARENA. El legislador radical advirtió que, de aprobarse, se estaría duplicando estructuras: “Si no empecemos a eliminar dependencias, porque si no tenemos un montón de funcionarios y estructuras con organigramas y seguimos creando más”.

Sin embargo, Altolaguirre reconoció que el fondo de la cuestión es necesario: “Lógicamente es algo que nuestra provincia lo necesita, pero lo vamos a ver. Así como está no, vamos a tener que modificarlo”, aclaró. En la misma sintonía, la jefa del bloque PRO-MID, María Laura Trapaglia, se manifestó en contra de la creación de un nuevo fideicomiso.

¿En qué consiste el proyecto?

El Poder Ejecutivo envió a la Cámara el proyecto de “Administración del cobro de peaje en rutas provinciales”, una normativa complementaria a la atribución que el régimen vigente le otorga a la Dirección Provincial de Vialidad. El objetivo es cobrarles a los camiones que transportan arena de Entre Ríos hacia Vaca Muerta, que son los que más deterioran las rutas.

La decisión de avanzar con esta iniciativa surge ante el nulo avance de las negociaciones con Nación para que se traspasen 600 kilómetros de rutas nacionales a la Provincia. Ziliotto busca así recuperar parte de los fondos que Vialidad Provincial invierte en el mantenimiento de la red, especialmente en los tramos más afectados por el tránsito pesado.

La novedad fue adelantada por el presidente de la DPV, Rodrigo Cadenas, en declaraciones al programa La Parte y el Todo de Canal 3. El funcionario recordó que el gobernador ya había planteado esta posibilidad en los actos de apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura en 2025 y 2026.

¿Cómo se distribuirá la recaudación?

El proyecto propone legislar sobre tres ejes: el destino de los recursos, las excepciones al pago y el órgano de administración. Según la iniciativa, el 90% de lo recaudado irá al Fondo Provincial Vial, creado por el artículo 21 del Decreto-Ley N° 577/58, mientras que el 10% restante se repartirá entre las Municipalidades y Comisiones de Fomento, según la extensión de sus caminos vecinales.

En cuanto a las excepciones, no pagarán los vehículos radicados en la Provincia, los de emergencia (seguridad, bomberos, salud pública y defensa civil), los oficiales y los destinados al transporte interurbano de pasajeros. Para el resto, la obligación de pago dependerá del impacto que su peso genere en la vida útil de la infraestructura.

El rol de la Fiduciaria

Para administrar el cobro, se creará el “Fideicomiso Rutas Pampeanas”, cuyo consejo directivo estará integrado únicamente por directores de la DPV, sin remuneración adicional. Esta estructura estará bajo la órbita de Fiduciaria La Pampa S.A.P.E.M., una entidad estatal ya existente, con experiencia en la administración de fideicomisos públicos y controlada por el Tribunal de Cuentas.

La elección de una entidad de participación estatal mayoritaria busca mantener la administración en manos del Estado y evitar la ganancia de un operador privado. A diferencia de una concesión, este régimen público destinaría la totalidad del excedente a la infraestructura vial.