Polémica en Jujuy: la prórroga que habilita colectivos de 12 años y el cuestionamiento de un concejal

La decisión de prorrogar la emergencia del transporte en la capital jujeña habilitó que los colectivos puedan tener hasta 12 años de antigüedad, una medida que el concejal Gustavo Martínez salió a cuestionar con dureza. El edil no solo apuntó contra la flexibilización de los controles técnicos, sino que además denunció irregularidades en la licitación del servicio y falta de transparencia en la concesión del estacionamiento tarifado Vía Parking.

Más años para las unidades, más riesgo en la calle

Según explicó Martínez en declaraciones periodísticas, el pedido para extender la emergencia ingresó con fecha de fin del año pasado, pero su tratamiento se postergó deliberadamente. El punto más crítico, a su entender, es que ahora se autoriza la validez de los vehículos de 10 a 12 años.

“Esta prórroga pasa de autorizar la validez de los vehículos de 10 años a 12 años. Para el recorrido y el uso que tienen estos vehículos es muchísimo, y determina justamente que después queden las unidades tiradas por la calle”, sostuvo el concejal.

Denuncias en la licitación: “Ya estaba decidido”

El edil también puso el ojo en el proceso licitatorio del transporte que se concretó meses atrás. Martínez formó parte de la comisión preadjudicataria, pero asegura que no existió una evaluación real de los pliegos por parte de los concejales.

“La siguiente convocatoria fue directamente para comunicar quiénes habían ganado. Sin mayor cuestionamiento ni posibilidad de participación, fuimos para corroborar lo que ya estaba decidido”, aseveró, y remarcó con preocupación la concentración del sistema: “quedó casi toda la ciudad para una sola empresa, que es Santa Ana”.

Alivio fiscal para las empresas, reclamos de vecinos

En otro tramo de sus declaraciones, Martínez cuestionó las atribuciones extraordinarias que le dieron al Ejecutivo municipal para modificar recorridos, paradas y frecuencias sin consulta previa. Además, reveló que desde la Secretaría de Servicios Públicos y la Procuración Municipal confirmaron que se analiza reducir tasas y cánones a los colectivos.

“¿Cuál es la vara para medir quién tiene que tener descuento de tributos y quién no? Los remiseros y comerciantes están asfixiados por la tasa de salubridad e higiene y jamás se habló de descontarles, pero a las empresas de transporte que acaban de licitar sí se contempla bajarles el canon”, cuestionó el edil.

El concejal también se hizo eco de las quejas de los usuarios del Acceso Sur y del barrio Bajo La Viña, que denuncian demoras de hasta 30 minutos y la falta de líneas directas.

El enigma del Vía Parking

Por último, Martínez se refirió al estacionamiento tarifado y a la imposibilidad de acceder a los números reales de la concesión. Tras reuniones con el equipo de Hacienda municipal, se constató que la firma privada se queda con un 16% de la recaudación, pero el monto global sigue siendo desconocido.

“El número de cuánto recauda en total todavía es un enigma. El contrato debería ser público y está bajo siete llaves”, concluyó Martínez, y advirtió sobre la expansión del sistema de cobro a diferentes barrios residenciales y el impacto económico negativo para los vecinos frentistas que no poseen garaje.