Polémica en el Tribunal de Faltas: la Municipalidad sostiene que sus jueces "no son jueces"

La disputa salarial en el Tribunal Municipal de Faltas de San Miguel de Tucumán sumó un nuevo capítulo. Mientras tres de los nueve jueces del organismo impulsaron una acción judicial contra el Ejecutivo municipal, la administración de Rossana Chahla salió a cuestionar el planteo y defendió la transformación que lleva adelante para modernizar el funcionamiento del tribunal.

Matías Balardini, director administrativo del Tribunal de Faltas, pidió que la discusión por los haberes no opaque los cambios implementados para agilizar trámites y acercar la atención al vecino. "Qué bueno sería que los esfuerzos que está haciendo el municipio con la gestión de Chahla en avanzar en la digitalización, en acercar el municipio al vecino, se dieran a conocer y no estar discutiendo estos temas que realmente a mí me dan hasta vergüenza ajena", afirmó.

El reclamo judicial por los salarios

Según explicó Balardini, la presentación fue promovida por el presidente del organismo, Fabián Lisondo Ruiz, y los jueces Gerardo Augusto Poliche y Héctor Sebastián Toledo. El expediente tramita en la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

El objetivo del planteo es determinar si existen diferencias salariales vinculadas con la equiparación de los haberes de los jueces de faltas con los funcionarios del Departamento Ejecutivo. Los magistrados solicitaron la remisión de las liquidaciones salariales de los secretarios del gabinete para establecer si hay diferencias que deberían ser abonadas.

La Municipalidad presentó un informe técnico sobre la escala salarial, pero se negó a entregar los recibos individuales de los funcionarios al invocar la normativa nacional de protección de datos personales.

Balardini explicó que, según la normativa vigente, los jueces de faltas tienen un rango equivalente al de directores de repartición y dependen del Ejecutivo municipal. "Los jueces de faltas, así llamados porque así está redactada la ordenanza, no son jueces", remarcó. Señaló que la Ley Orgánica de Municipalidades contempla solo dos departamentos (Ejecutivo y Legislativo) y que no existe un Poder Judicial municipal.

Según detalló, los funcionarios fueron equiparados luego al rango de subsecretarios y, desde julio del año pasado, al de secretarios del Ejecutivo. El reclamo actual apunta a determinar si esa equiparación se tradujo correctamente en los haberes. "Ellos sostienen que existen diferencias salariales. Yo, la verdad, desconozco. Es una cuestión que deberían consultarla con la Contaduría General", indicó, y agregó que la Fiscalía Municipal presentó un informe técnico sobre la composición salarial de los secretarios.

¿Un reclamo que no representa a todo el Tribunal?

El director administrativo buscó diferenciar el reclamo de los tres jueces del funcionamiento general del organismo. Aseguró que el Tribunal de Faltas está integrado por nueve jueces y que no todos participan de las acciones judiciales. "Hay un grupo, uno en una acción judicial y otro en tres, que iniciaron un reclamo ante el municipio. El resto de los jueces continúa", explicó.

Además, cuestionó que la presentación se haya hecho en representación del Tribunal. Según Balardini, el presidente cumple una función protocolar y, para actuar en nombre de los nueve integrantes, debería existir una acordada que avalara esa decisión. "Si él hizo una presentación, la hizo a título personal", sostuvo.

Los cambios que impulsa la gestión municipal

Más allá del conflicto salarial, Balardini puso el foco en las modificaciones que, según dijo, implementó la actual gestión para cambiar la relación entre el Tribunal y los vecinos. Para graficar la situación anterior, recordó el recorrido que debía hacer una persona a la que le secuestraban una motocicleta: consultar en Tránsito, trasladarse hasta el Tribunal en calle Jujuy, esperar la disponibilidad de un juez, ir a un centro de pago y regresar al tribunal para obtener la orden de liberación, para finalmente volver a Tránsito y recuperar el vehículo.

"El vecino perdió el día completo. Díganme ustedes si lo que les acabo de contar casi con humor no resulta trágico en realidad", expresó. Según Balardini, ese procedimiento comenzó a modificarse con la decisión de llevar a los jueces de faltas a las reparticiones donde se originan las infracciones. "Hoy el juez de faltas está fuera del Tribunal de Faltas. Está en las reparticiones donde se generan las infracciones", explicó. Así, una persona a la que le secuestran una moto puede consultar su situación en la delegación de Tránsito, resolver allí la infracción, pagar la multa y obtener la liberación del vehículo.

Más digitalización y atención al vecino

Balardini defendió la incorporación de herramientas digitales para simplificar trámites, como la realización de descargos virtuales, la obtención de certificados de libre deuda y el uso de WhatsApp. "El otro día cité como ejemplo a mi mamá. Mi mamá tiene 76 años. ¿Usted se imagina para una mujer jubilada de 76 años que todavía maneja y comete una infracción de tránsito tener que hacer todo ese recorrido?", planteó.

En contraposición, sostuvo que el objetivo de la reforma es que los trámites se resuelvan de manera rápida y sencilla. "Lo único que queremos es que esa señora de 76 años vaya al Tribunal de Faltas, le den un código QR sencillo, fácil, para que con su celular pueda pagar su multa y seguir con su vida normal", afirmó.

Para Balardini, la discusión de fondo no pasa solo por la cuestión salarial, sino por el modelo de funcionamiento del organismo. "Lo que nosotros estamos tratando son dos cuestiones fundamentales: primero, dar transparencia para que el vecino sepa que la infracción que paga es lo que corresponde pagar. Y, en segundo lugar, darle cercanía, darle simpleza", concluyó.