Polémica en Bolivia: proponen esterilización forzada para mujeres en situación de calle

Un proyecto de ley presentado en Bolivia encendió todas las alarmas: propone la esterilización obligatoria de mujeres que viven en la calle, bajo control judicial. La iniciativa ya fue calificada por organismos de derechos humanos como una forma de “limpieza étnica”, ya que apuntaría directamente a mujeres indígenas en extrema pobreza.

El autor de la propuesta es el diputado suplente Néstor Rodríguez, de la alianza opositora Unidad. Según explicó, el objetivo sería facilitar la reinserción social de estas personas, especialmente de aquellas que consumen drogas o inhalantes y tienen hijos en ese contexto.

¿Qué dice exactamente el proyecto?

El texto establece que, en principio, toda anticoncepción definitiva debería contar con el consentimiento libre e informado de la persona. Pero también contempla que, una vez “agotadas las instancias pertinentes”, la esterilización podría volverse obligatoria y ejecutarse bajo orden judicial.

Rodríguez justificó su iniciativa al describir la realidad que ve en las calles: mujeres y bebés expuestos al consumo de clefa, un pegamento altamente inflamable. “La idea surge al ver la situación en la que están ahora las mujeres y sus bebés que inhalan clefa. El proyecto de ley es una manera de buscar una nueva forma de vida”, sostuvo el legislador.

El diputado también aclaró que, antes de cualquier procedimiento, se realizarían evaluaciones médicas y psicológicas. “Primero se verá la historia clínica de cada persona, será evaluada por un médico y un psicólogo, será una atención integral y al final se procederá con la esterilización”, detalló.

¿Cuándo se trataría?

El documento fue presentado hace unas semanas y, según su autor, en los próximos días debería ser analizado en primera instancia por la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Rodríguez dejó abierta la posibilidad de modificar el artículo más controvertido, “a sugerencia de varias personas”.

El artículo 15 de la iniciativa también menciona que la obligatoriedad podría aplicarse “bajo control judicial”, argumentando que los recién nacidos podrían ser “inmersos para trata y tráfico”.

Rechazo contundente

La activista feminista Patricia Flores fue una de las voces más duras. Calificó la propuesta como “inaceptable, discriminatoria y atentatoria contra la vida humana”. Además, aseguró que “está planteando lo que en un momento la humanidad calificó como una suerte de limpieza étnica porque él está pensando en dirigir su mirada a mujeres indígenas en situación de calle y extrema pobreza, personas que no valen como futuros ciudadanos”.

Para Flores, la medida es “profundamente racista, clasista, machista y misógina” y merece “una sanción del sistema legislativo”. En su lugar, pidió que el Estado “extreme fuerzas y recursos” para evitar que más personas terminen viviendo en la calle.

La Defensoría del Pueblo y otras organizaciones de derechos humanos emitieron un comunicado conjunto expresando “su más profundo rechazo y preocupación”. Allí recordaron que la esterilización forzada es una grave violación de los derechos humanos y que afecta la dignidad, la integridad personal, la libertad, la igualdad, la salud y los derechos sexuales y reproductivos.

También citaron jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (casos I.V. vs. Bolivia y Ramos Durand vs. Perú) que establece que las decisiones sobre el cuerpo y la salud reproductiva corresponden exclusivamente a cada mujer. Por eso, exhortaron a las autoridades a actuar dentro de la Constitución boliviana y a descartar cualquier propuesta que vulnere la dignidad humana.