Piden juicio político a una intendenta por obras fantasmas y faltantes millonarios

El Concejo Deliberante de Hipólito Yrigoyen insistirá con una ordenanza que habilita el juicio político contra la intendenta Soledad Cabrera. La iniciativa, vetada por el Ejecutivo, volverá a tratarse este jueves y los ediles aseguran contar con los votos para imponerla.

El concejal Gabriel Hoyos, secretario legislativo del cuerpo, explicó a El Tribuno que la sesión no iniciará formalmente el proceso de destitución, sino que dejará vigente la herramienta legal para que, en caso de avanzar, el procedimiento cuente con un marco regulatorio.

Según indicó, una vez aprobada la insistencia, la normativa entrará en vigencia a los ocho días administrativos. El bloque que integra junto a Carla González impulsa la medida bajo el lema de "buscar transparencia" y cuestiona las rendiciones de cuentas municipales por considerarlas incompletas.

Denuncias que dieron vueltas por varias fiscalías

Hoyos relató las dificultades que tuvieron para formalizar las presentaciones penales. "Nos fuimos a la Comisaría de Yrigoyen, después a la Fiscalía de Orán, de allí nos mandaban a Pichanal y de Pichanal a Orán", describió, al tiempo que señaló que los rebotes llamaron su atención.

Entre los expedientes mencionó la obra de un tinglado en el Instituto Terciario 6.018, que figura como ejecutada pero no estaría materializada, y el tinglado del Complejo Deportivo Municipal, con un presupuesto de alrededor de $161 millones y apenas cuatro o seis estructuras visibles en el lugar.

También apuntó contra el programa "Puesta a Punto", cuyos fondos debían llegar a escuelas. Según el concejal, directivos consultados aseguraron que "nunca llegó ni un centavo". A eso sumó denuncias previas por cheques, compra de pinturas por unos $40 millones y un faltante total que estimó en más de $1.000 millones.

La bomba de agua de las 62 hectáreas

Otro de los temas bajo la lupa es la obra de una bomba de agua en el barrio 62 Hectáreas. Hoyos cuestionó que el proyecto terminó perjudicando a los vecinos: el agua ingresaba a las viviendas, los canales se desbordaron y la obra quedó paralizada con el retiro de las máquinas.

"Vino Ignacio Jarsún a sacarse fotos, estuvo la intendente y algunos funcionarios del gobierno", afirmó, y agregó que durante cuatro o cinco meses el agua salió turbia y en escasa cantidad. El edil reclamó respuestas a Aguas del Norte y anunció que seguirán pidiendo documentación para determinar responsabilidades.

Festi Yrigoyen y publicidad bajo sospecha

El Concejo también reclama respaldos de las rendiciones del Festi Yrigoyen, como tickets y comprobantes de gastos en grupos musicales, sonido y publicidad. En ese marco, Hoyos apuntó contra una partida de $33 millones destinada a medios de comunicación.

"Llama la atención que figuren 33 millones en publicidad cuando hay un solo medio solventado con eso", dijo, y habló de una "irregularidad" y un "desequilibrio" en la distribución.

Recursos del Concejo y salarios

El edil denunció que el municipio no transfiere de manera completa el 3% del presupuesto que corresponde al Concejo, lo que estimó en unos $93 millones anuales para los períodos 2024, 2025 y 2026. En paralelo, reveló que su salario actual es de $240 mil mensuales y que impulsan una ordenanza para elevarlo a $700 mil.

Interpelaciones y un proceso que podría durar cuatro meses

El Concejo planea citar a funcionarios del área de agentes socioambientales, responsables de la prevención del dengue, que no habrían asistido a convocatorias previas. Hoyos adelantó que buscarán interpelarlos para conocer la organización del área y el uso de los fondos.

En cuanto al eventual juicio político, el procedimiento se extendería unos cuatro meses e incluiría la recopilación de documentación, citaciones e interpelaciones. Existe una lista preliminar de más de 100 personas que podrían ser convocadas como testigos.

Para una eventual destitución se necesitarían cinco votos dentro del Concejo, aunque la intendenta continuaría en funciones durante todo el proceso, ya que la ordenanza no contempla una suspensión automática.

Hoyos remarcó la vigencia del principio de presunción de inocencia y la necesidad de documentar cada paso, porque el caso podría terminar judicializado. "Tenemos que tener sustento en cuanto a lo que decimos", sostuvo.

Finalmente, planteó la necesidad de reformar la Carta Orgánica Municipal para sumar herramientas de control como un Tribunal de Faltas y dejar un precedente para las próximas gestiones.