Persecución sindical o sanción justa: el conflicto que llega a la Corte Suprema

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Mendoza salió a cruzar al Gobierno provincial por la cesantía de una delegada sindical del Hospital Central. El gremio asegura que se trata de una represalia por sus denuncias sobre supuestos privilegios y fallas en el sistema de salud.

La polémica estalló tras la publicación del Decreto N°1433/26 en el Boletín Oficial, que deja cesante a Mirta Viviana Rodríguez, integrante de la Comisión Directiva de ATE y trabajadora del nosocomio. Para el sindicato, la medida es un intento de disciplinar a quien se animó a hablar de más.

¿Qué denunció la dirigente?

Según el gremio, Rodríguez había expuesto en reiteradas oportunidades la existencia de un trato preferencial para ciertas personas en el Hospital Central. Ese trato incluía metodologías, habitaciones y sectores diferenciados, en contraste con la atención que recibe el ciudadano común.

Además, la trabajadora había señalado serias deficiencias estructurales, como la falta de insumos, medicamentos, personal médico y de enfermería. Denuncias que, para ATE, fueron el verdadero motivo de la sanción.

La acusación por historias clínicas

El Gobierno provincial justificó la cesantía argumentando que Rodríguez violó la legislación vigente al divulgar historias clínicas de pacientes. Pero desde ATE lo niegan rotundamente: aseguran que nunca se presentó una historia clínica personal ni se vulneró la privacidad de los usuarios.

“Toda la documentación denunciada fue presentada con carácter reservado ante las autoridades competentes: la Subsecretaría de Trabajo, el Ministerio de Salud y la Comisión de Derechos y Garantías de la Legislatura provincial”, precisaron desde el sindicato.

La batalla judicial

La causa ya tiene un largo recorrido. Tras el sumario administrativo y la quita de la tutela sindical, ATE apeló ante las cámaras laborales y la Corte Suprema de Justicia de Mendoza. El tribunal provincial detectó irregularidades en el manejo de las historias clínicas, lo que habilitó la sanción.

Pero el gremio no se rindió y elevó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, bajo el Expediente CSJ 001909/2026-00. La discusión ahora está en manos del máximo tribunal del país.

ATE argumenta que, según el Estatuto del Empleado Público (Ley 560/73), los agentes estatales tienen la obligación de denunciar cualquier irregularidad que detecten en el ejercicio de sus funciones. Por eso, exigen la suspensión inmediata de la cesantía hasta que la Corte nacional resuelva el recurso.

Mientras tanto, el sindicato ratificó que continuará denunciando las anomalías en el sistema de salud pública, sin importar las consecuencias.