El incendio de la colchonería dejó a ocho familias sin casa y sin pertenencias, y la Provincia ya salió a cubrirlas con alojamiento, plata y abogados. Lo que ofrecieron a cada grupo y por qué varias todavía no responden.
El incendio que arrasó por completo una colchonería del Bajo neuquino sigue teniendo coletazos. Las ocho familias que vivían en los departamentos encima del comercio, en Félix San Martín al 350, perdieron sus hogares y no pudieron rescatar sus pertenencias. Frente a ese escenario, la Provincia activó un operativo para contener la emergencia.
La asistencia la lleva adelante la Subsecretaría de Articulación y Control de Gestión, que depende del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano. El paquete incluye alojamiento transitorio, plata para atravesar el momento y asesoramiento legal sin costo.
De la ayuda de la colchonería a un complejo de departamentos
La subsecretaria Claudia Braceras habló con LM Neuquén y confirmó que por ahora trabajan con cinco de las ocho familias. La idea, según dijo, es dar una respuesta rápida mientras se buscan alternativas habitacionales que se sostengan en el tiempo.
"Estamos en proceso, esto no es una ayuda de un día", sostuvo la funcionaria. El equipo de servicio social se comunicó con los damnificados el lunes a la noche, apenas se conoció la situación en la que habían quedado.
En un primer momento, las familias se alojaron en un espacio que dispuso la propia colchonería, pero esa contención fue acotada. Para garantizar un techo seguro, desde la Provincia alquilaron un complejo de departamentos amueblados donde podrán quedarse los próximos días.
Braceras detalló que se ofreció una unidad a cada uno de los cinco grupos familiares con los que lograron contactarse. Aun así, aclaró que algunos todavía están evaluando si la aceptan.
"Hay un par de familias que están muy conmocionadas por lo que ha pasado, están muy enojadas con la colchonería y están decidiendo si van a querer ese alojamiento o si van a querer permanecer en el lugar para presionar a los responsables del siniestro", señaló.
Sobre las otras tres familias, la subsecretaria precisó que hasta el momento no pudieron reunirlas y que el trabajo avanzó con las cinco que sí se acercaron al organismo.
Recursos del programa de vulnerabilidad
Además del alojamiento, desde la cartera pidieron autorización al área de Hacienda para usar fondos del programa de vulnerabilidad, aprobado por decreto, que habilita a intervenir en catástrofes y siniestros.
Para Braceras, esa asistencia es clave porque los damnificados tuvieron que dejar sus casas de un momento para otro y, en muchos casos, se quedaron sin nada.
El acompañamiento no termina en la urgencia. Según anticipó, el Ministerio también va a colaborar para que las familias puedan entrar en un nuevo alquiler y recuperar parte de lo básico para arrancar de cero.
"Vamos a acompañar la entrada en alquiler de las familias en la vivienda definitiva que elijan y vamos a acompañar con un amoblamiento y enseres mínimos", explicó.
La meta es que, superada esta primera etapa, los damnificados se instalen en viviendas cuyos alquileres puedan afrontar con sus propios ingresos.
"Vamos a acompañarlos en esta primera quincena y después vamos a acompañarlos en la entrada en un alquiler que ellos consideren que después puedan seguir pagando, porque es gente trabajadora que tiene sus recursos y vamos a ayudarlos a equiparse", sostuvo.
Abogados y posibles reclamos contra la empresa
Otro eje del operativo será el asesoramiento jurídico gratuito para las familias que perdieron sus viviendas.
Braceras confirmó que se ofreció una reunión con el equipo de abogados de la cartera de Trabajo para orientarlos sobre los pasos legales posibles. La intención es ordenar la información que ya recibieron de distintas instituciones y darles herramientas para evaluar eventuales reclamos por los daños.
La subsecretaria aclaró que el Gobierno todavía no se comunicó con los propietarios de la colchonería porque necesita la autorización de las familias para intervenir en esas gestiones.
En ese marco, no descartó que el propio Estado provincial inicie acciones para reclamar el reintegro de los fondos públicos destinados a la asistencia, si se determina la responsabilidad civil correspondiente.
"Esto no quita que tengan la posibilidad de hacer, tanto ellos como nosotros desde el Estado, todas las acciones judiciales que correspondan o extrajudiciales para que la empresa que causó el siniestro responda por estos daños", concluyó.