Pensiones vitalicias: la ley que se eliminó y a quiénes alcanza
¿Por qué la reforma aprobada en Diputados le impide a Frigerio y Aluani acceder al beneficio que sí tuvieron sus antecesores?
La Cámara de Diputados de Entre Ríos convirtió en ley la eliminación de las pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores, un régimen que regía desde 1965. La iniciativa, impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio, fue sancionada este martes y alcanza también a las autoridades actuales.
El proyecto había sido enviado por el Poder Ejecutivo en enero de 2024. Tras pasar por ambas cámaras legislativas y recibir modificaciones en el Senado, la Cámara baja le dio sanción definitiva.
Qué establecía la ley derogada
La nueva norma deroga la Ley Nº 4.506, que otorgaba una pensión equivalente al 75 por ciento de la remuneración del cargo a quienes hubieran ejercido la gobernación o la vicegobernación. Con esta reforma, Frigerio y la vicegobernadora Alicia Aluani serán el primer gobernador y la primera vicegobernadora en no poder acceder a ese beneficio.
Al celebrar la sanción, Frigerio destacó que la medida forma parte de los cambios que impulsó desde el inicio de su gestión para eliminar privilegios vinculados a la función pública.
"Pusimos fin a más de 60 años de pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores. Con la vicegobernadora, Alicia Aluani, seremos los primeros alcanzados por esta decisión. Un compromiso más que asumimos y cumplimos", afirmó.
El gobernador también sostuvo que la eliminación del régimen se enmarca en una política más amplia de transformación del Estado y de revisión de beneficios especiales asociados a los cargos públicos. "Desde el primer día de gestión venimos eliminando los privilegios de la política y ordenando el Estado para ponerlo nuevamente al servicio de los entrerrianos", señaló.
La derogación de la Ley Nº 4.506 se inscribe así en la agenda de austeridad, transparencia y ética pública de la administración provincial, que plantea la revisión de regímenes especiales y la eliminación de beneficios considerados incompatibles con criterios de igualdad y responsabilidad en el uso de los recursos públicos.
"Estoy convencido de que, si queremos cambiar la forma de gobernar, el cambio tiene que empezar por quienes tenemos la responsabilidad de hacerlo", concluyó Frigerio.