Pensiones vitalicias: Frigerio y Aluani serán los primeros alcanzados si Diputados aprueba la reforma

El proyecto para eliminar las pensiones vitalicias de gobernadores y vicegobernadores vuelve este miércoles a la Cámara de Diputados de Entre Ríos. El Gobierno provincial confirmó que, si se sanciona la ley, Rogelio Frigerio y Alicia Aluani serán los primeros mandatarios que terminarán sus mandatos sin poder acceder al beneficio.

La iniciativa, enviada por el gobernador al inicio de su gestión, busca derogar la Ley N° 4.506, vigente desde 1965, que otorga a quienes ocuparon esos cargos una pensión equivalente al 75% de la remuneración del puesto.

Un largo recorrido legislativo

El expediente obtuvo media sanción en Diputados en abril de 2024 y luego pasó al Senado, donde introdujo modificaciones. La Cámara alta eliminó el artículo que establecía causales de caducidad para beneficios ya otorgados, por lo que la reforma apunta hacia el futuro y no afectará derechos previamente reconocidos.

Ahora, con los cambios del Senado, la Cámara baja debe aceptarlos o rechazarlos para dar sanción definitiva. Si se aprueba, quienes ocupen la Gobernación o Vicegobernación en adelante dejarán de contar con una pensión vitalicia por el solo hecho de haber ejercido el cargo.

El Gobierno puso el foco en Frigerio y Aluani

Según un comunicado del Ejecutivo entrerriano, Frigerio y Aluani serán los primeros alcanzados por la reforma. La vicegobernadora acompañó la iniciativa y se remarcó que “quienes promovieron políticamente el cambio serán también quienes resignarán concretamente la posibilidad de acceder al régimen”.

El gobernador había vinculado en varias oportunidades la eliminación de las pensiones con la necesidad de que la dirigencia revise sus propios beneficios antes de impulsar transformaciones en el sistema previsional.

Señal institucional y política

La administración provincial relacionó el proyecto con las reformas para ordenar la Caja de Jubilaciones y Pensiones. “El mensaje político que busca instalar el Gobierno es sencillo: si el Estado necesita modificar estructuras y revisar beneficios para recuperar sustentabilidad, la dirigencia también debe formar parte de ese esfuerzo”, expresó el Ejecutivo.

Desde la gestión reconocieron que el impacto económico no es el principal objetivo, sino que el alcance es “institucional y político”.

Con la sanción definitiva, Entre Ríos pondría fin a un régimen de más de seis décadas, aunque sin eliminar automáticamente los beneficios ya reconocidos. El tratamiento de este miércoles en Diputados aparece como la instancia que puede cerrar un proceso iniciado en enero de 2024.